La polémica que envuelve a la Administración Cuomo por el presunto encubrimiento del número de ancianos muertos por COVID-19 en los centros de cuidados que dependen del Estado empeoró este viernes, luego que se revelara que la Secretaria del Gobernador, y quien es su principal asesora, Melissa DeRosa, dijo esta semana en una conferencia vía ‘Zoom’ con legisladores demócratas, que el Estado tardó en responder a los pedidos de la Legislatura Estatal de aclarar los número, y no pudo hacer pública una contabilidad completa de las muertes en hogares de ancianos, debido a las presiones de la pandemia y a una investigación federal “políticamente motivada” iniciada por el Departamento de Justicia federal (DOJ) durante la Administración Trump.
El miércoles pasado en esa reunión, DeRosa dijo a los demócratas del Senado y la Asamblea que “básicamente, nos congelamos”, luego de que el DOJ solicitara información sobre muertes en hogares de ancianos, según una transcripción de la llamada dada a los medios en la noche del jueves.
Tras esas revelaciones, que provocaron que este viernes sugieran nuevas acusaciones contra el Gobernador de tratar de ocultar la realidad, aumentaron los llamados de legisladores de ambos partidos y otros funcionarios electos para que Cuomo renuncie, se le de un voto de censura, sea despojado de los poderes especiales que se le otorgaron durante la pandemia y que se le inicie un ‘impeachment’ (juicio político).
A esto, DeRosa tuvo que salir este viernes a aclarar sus comentarios. “Les estaba explicando que cuando fuimos informados de la investigación por parte del DOJ, necesitábamos dejar de lado temporalmente la solicitud de la Legislatura para tratar primero la solicitud federal. Informamos a las Cámaras de esto en ese momento. Fuimos exhaustivos y transparentes en nuestras respuestas al DOJ, y luego tuvimos que enfocar nuestros recursos de inmediato en la segunda ola y el lanzamiento de la vacuna”.
La principal asesora de Cuomo agregó: “Como dije en esa llamada con los legisladores, no pudimos cumplir con su solicitud tan rápido como a cualquiera le hubiera gustado. Pero estamos comprometidos a ser mejores en el futuro ya que compartimos el mismo objetivo de mantener a los neoyorquinos lo más saludables posible durante la pandemia”.
Sin embargo, el vocero de la Asamblea Estatal Michael Whyland desmintió a DeRosa, al indicar en un comunicado que aparte de lo que se informó en las noticias, “el presidente de la Asamblea no tenía conocimiento de una investigación oficial por parte del Departamento de Justicia”.
Whyland confirmó que tras la solicitud formal de los presidentes de varios comités de la Asamblea y otros miembros al Departamento de Salud “para que dieran más información sobre preguntas de seguimiento con relación a los datos sobre los hogares de ancianos, la oficina del Gobernador comunicó que necesitaban más tiempo para proporcionar la información”, pero nunca mencionaron la indagación del DOJ.
El verano pasado, el DOJ solicitó información sobre las muertes en hogares de ancianos de Nueva York y a otros tres gobernadores demócratas, y DeRosa dijo que por ello temían que el presidente Trump politizara la respuesta del Estado a la situación en los asilos, lo que impidió que los funcionarios estatales respondieran a las preguntas planteadas por la Legislatura aproximadamente al mismo tiempo.
Exigen una investigación inmediata
“Hace muchos meses me uní a una coalición de funcionarios electos para pedir una investigación del Departamento de Justicia sobre las respuestas de la Ciudad y el Estado a la pandemia de COVID-19, porque se debe hacer justicia, independientemente del partido. Hoy repito ese llamado, bajo una nueva Administración federal pero con la misma obligación moral y con renovada indignación moral por la arrogancia que sigue mostrando el Gobernador al tomar decisiones peligrosas, equivocadas y negarse a enfrentar las consecuencias”, dijo este viernes el defensor del pueblo de la Gran Manzana Jumaane Williams.
Estas renovadas acusaciones de encubrimiento contra la Administración Cuomo se suman a las fuertes denuncias de las fallas que cometió el Departamento de Salud del Estado (DOH) en los primeros meses de la pandemia, que presuntamente habrían provocado un mayor número de muertes en los ancianatos, como emitir una orden estatal el 25 de marzo que requería que los asilos aceptaran pacientes positivos con el virus.
Precisamente a finales de enero la Fiscal General del Estado Letitia James emitió un contundente informe en el cual señalaba serias fallas de las autoridades del Estado en el conteo de los muertos por COVID-19 en los centros de cuidados de ancianos, y que habría provocado que hasta el 50% de los fallecimientos no fueran reportados, lo que llevo en ese entonces a Cuomo a defenderse indicando: “La culpa fue del anterior Gobierno federal de Trump que nos ordenó los protocolos que se debían seguir con los asilos”.
La oficina de James realizó el informe tras las insistentes denuncias de familiares de los ancianos y de funcionarios electos que señalaron negligencia en la manera en cómo el DOH manejó la crisis del coronavirus en estos centros de cuidados, y como resultado de la investigación, la Fiscal General reveló que el número de fallecidos en esos lugares fue de casi 13,000 y no los más de 8,000 que reportó originalmente el DOH.
En respuesta, el comisionado de Salud estatal Howard Zucker proporcionó un recuento completo de muertes que incluyó a personas que murieron después de ser trasladadas a hospitales, y esa actualización aumentó el número de fallecidos en hogares de ancianos de los 8,711 reportados originalmente a 12,743. Luego, esta misma semana, Zucker envió a los legisladores otra actualización de las cifras que ahora demuestran que más de 15,000 ancianos en centros de cuidados murieron debido al COVID-19.
