San Salvador (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), reformó este viernes una ley contra el crimen organizado para ampliar a dos años más el plazo de la detención provisional de las personas capturadas en el contexto de la medida de régimen de excepción, implementada desde marzo de 2022.
La reforma se aprobó con los votos de 57 diputados oficialistas y sus aliados en el órgano Legislativo.
El cambio establece que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene hasta agosto de 2027 para presentar dictámenes de acusación contra las personas detenidas durante el régimen de excepción, muchos de ellos en prisión desde marzo de 2022 y sin aún haber enfrentado juicio.
La Fiscalía solicitó en agosto de 2023 al Congreso una reforma para la extensión de dos años al plazo de la detención provisional, cuando se cumplían -en ese momento- 17 meses de la implementación del régimen de excepción, lo que generó polémica debido a las implicaciones sobre derechos humanos, según diversas organizaciones.
Antes de esta reforma, el artículo 5 del Código Procesal Penal vigente en el país establecía que el plazo máximo de detención provisional para delitos menos graves es 12 meses y 24 para aquellos graves.
El debate sobre el tiempo de detención en El Salvador
La diputada opositora Claudia Ortiz se manifestó en contra de la reforma y planteó que «es el reflejo de la incapacidad que tienen las instituciones que deben impartir justicia» en el país.
«Han tenido más de dos años para que se pueda tener una investigación seria de todos los casos y poder llevar a juicio a todos los detenidos (…) han tenido dos años para que se pueda definir en un juicio, con suficiente información, quien es culpable o inocente», expresó.
Ortiz apuntó que «las personas que han sido detenidas por error van a tener que esperar otros dos años para ir a juicio y poder determinar su situación».
