Hace exactamente cinco años se los vio juntos por última vez en el Congreso del Partido Comunista. Raúl Castro levantó el brazo con el puño cerrado de su hermano Fidel, flanqueados por los demás dirigentes que cantaban La Internacional, el himno que identifica a los obreros del mundo, con un cartel sobre el triunfo del socialismo como telón de fondo.
Y muchos se preguntan si el próximo Congreso, que se inaugura el viernes, será el último también de Raúl Castro al frente de la poderosa organización política cubana como él mismo lo anunció para dar lugar a líderes más jóvenes a cargo de la institución que ha regido los destinos de la nación caribeña desde los años 60.
El foro tendrá lugar en medio de la peor crisis económica en tres décadas que padece la isla a raíz de las duras sanciones de la pasada administración estadounidense de Donald Trump y la pandemia del nuevo coronavirus. También se desarrollará en momentos en que las redes sociales inciden cada vez más en la relación de la ciudadanía con las autoridades y el partido.
Fundado en 1965 y con unos 700.000 militantes, el PCC es el único con estatus legal en Cuba y su poder radica en que, aunque no presenta candidatos a elecciones ni forma el gobierno como tal, su misión consagrada en la Constitución es dirigir a la sociedad, trazándole políticas y haciéndolas cumplir.
“Vamos a celebrar un Congreso en circunstancias bastante complejas”, reconoció en declaraciones a The Associated Press el economista cubano Esteban Morales. “Nosotros llevamos muchos años de revolución. La revolución prendió, ahora tiene que renovarse continuamente”.
Durante su discurso final al cierre del séptimo Congreso en abril de 2016, el propio Raúl Castro, ahora de 89 años, anunció que “por inexorable ley de vida” aquel sería el último foro de la “generación histórica” al frente de la organización.
Fidel Castro falleció en noviembre del 2016 y dos años después su hermano Raúl se alejó del poder ejecutivo dando paso a Miguel Díaz-Canel, aunque mantuvo su puesto de primer secretario de los comunistas.
“Raúl Castro culminó su etapa de estar dirigiendo, sabemos que todo tiene su tiempo, y entonces hay que darle continuidad a las próximas generaciones para que puedan continuar la obra de la revolución”, dijo a la AP Elba Rosa Diéguez, de 41 años y quien trabaja en una cafetería privada.
Pero desde afuera del país, analistas advirtieron que la salida de Castro no significará el retiro definitivo de los históricos, a la que muchos acusan de ser más ortodoxos y los responsables de la lentitud de los cambios necesarios.
“Aunque el Congreso probablemente será testigo del paso de la antorcha de Raúl Castro a Díaz-Canel como jefe del Partido, la vieja guardia retiene el suficiente poder para bloquear nuevas reformas más allá de los cambios”, expresó a la AP, Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un centro de análisis con sede en Washington.
El octavo Congreso sesionará 16 al 19 de abril y se desconoce si el encuentro será presencial o virtual por las restricciones por la COVID-19. Durante el encuentro se designará al primer y segundo secretario, al buró político –que actualmente tiene 17 miembros–, al Secretariado y al Comité Central de un centenar de personas.
También se espera el retiro del segundo secretario José Ramón Machado Ventura, de 90 años y otro de los poderosos “históricos” con fama de ortodoxo.
Pero más allá de las figuras, en general se coincidió en que el eje deberá ponerse en buscar soluciones para la grave crisis económica que se hizo notable en la población en estos meses con largas colas para obtener alimentos y productos de aseo, dificultades en el abasto de combustible, carestía y el florecimiento de un mercado negro. El Producto Interno Bruto en 2020 decreció en un 11%.
Morales, el economista militante del PCC y quien fue separado de sus filas por sus críticas en la pasada década y luego fue reincorporado tras reclamos de sus correligionarios, reconoció la lentitud de las urgentes reformas planteadas por su organización. Señaló las necesidad de lograr más productividad en la isla, cuya economía decreció en un 11% en 2020 y que fue dramáticamente golpeada por la COVID-19 debido a su dependencia del turismo.
Hasta ahora tampoco se hicieron públicos los documentos sobre los que debatirán los delegados, pero de las propuestas del pasado Congreso se concretaron sólo un puñado de ellas, como un discreto incremento a la apertura a la iniciativa privada o la unificación monetaria. También se aprobó una nueva Constitución que reconoce la propiedad privada.
Un importante conjunto de medidas para profundizar reformas que los mismos comunistas recomendaron jamás se ejecutaron: no se aprobaron leyes para reconocer a la pequeña y mediana empresa, ni se mejoró la infraestructura, ni se cumplió con programas de vivienda, ni se logró la suficiencia alimentaria o frenar la inmigración de jóvenes profesionales, entre otros.
Mientras, siempre se planteó que las reformas se realizarían en el plano económico, pero no se espera un transformación en el modelo político unipartidista de la isla.
“Mi nivel de expectativas como la de tantos cubanos es muy bajo”, comentó a la AP Alina Bárbara López, historiadora y coordinadora de Joven Cuba, un blog sin vinculación al gobierno pero que reúne a muchos analistas de la izquierda democrática en la isla.
“Este es el tercer congreso consecutivo que se está hablando de la necesidad de cambios. Cuando uno sabe que cada congreso demora cinco años y este es el tercero ya vamos viendo que es una década perdida tratando de cambiar”, planteó López. “Hay mucha retórica”, insistió la historiadora. “Tratan de resolver los problemas de Cuba con conceptos”.
A diferencia del Congreso que se realizó en 2016, Cuba cuenta ahora con la presencia cotidiana de las redes sociales, que en los últimos dos años –desde que comenzó a ofrecerse el servicio de datos móviles– se convirtieron en un elemento de intercambio de los ciudadanos con dirigentes del partido y del gobierno.
Twitter o Facebook y blogs informativos no controlados por las autoridades piden rendiciones de cuenta, plantean temas o realizan denuncias que antes no circulaban masivamente, mostrando sectores sociales y políticos de Cuba con criterios diversos y que a veces no coinciden con las postulaciones del PCC.
Las autoridades señalan que la Internet y páginas virtuales suelen ser usadas para desprestigiar a la revolución, pero también reconocen su creciente influencia para movilizar jóvenes como durante una inusual manifestación de artistas en noviembre pasado.
El Congreso también deberá lidiar con el impacto a la isla de las dramáticas sanciones impuestas por Estados Unidos durante la pasada administración Trump para presionar un cambio de modelo político y que ocasionaron 5.500 millones de dólares en pérdidas en un año entre 2019 y 2020, según las autoridades.
Y aunque el nuevo mandatario Joe Biden se dijo dispuesto a trazar una política de menos confrontación, no dio ninguna señal en esa dirección hasta ahora.
“Más allá de tratar de aliviar las severas condiciones humanitarias de Cuba eliminando las restricciones a las remesas y los viajes, es probable que la administración Biden sea muy cautelosa al volver a involucrar a Cuba. Los posibles costos políticos de hacerlo son mucho más altos que los beneficios”, explicó Shifter, el presidente de Diálogo Interamericano, para quien el titular de la Casa Blanca busca evitar confrontar con los senadores cubano americanos de La Florida.
