NO LO METIERON FRÍO Y A NADIE LE PREGUNTARON…
SANTO DOMINGO — El Tribunal Constitucional de República Dominicana anuló dos artículos de las leyes que reglamentan el funcionamiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que sancionaban, con pena de prisión, las relaciones entre miembros del mismo sexo.
“Es una injerencia indebida y desproporcional en la vida privada y familiar de las personas con orientación sexual, identidad de género y expresión de género diversas, pues no representan un peligro ni riesgo para los valores de la sociedad dominicana”, indicó el tribunal en su sentencia emitida el miércoles.
También consideró que el Estado debe respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas por igual, sin distinción de ningún tipo.
Human Rights Watch, que formó parte del caso, argumentó el jueves que la penalización de las relaciones homosexuales violaba las normas internacionales.
Los agentes de policía podían enfrentar hasta dos años de prisión y los miembros de las Fuerzas Armadas un año, según la prohibición que estaba vigente.
“Durante décadas estas disposiciones obligaron a los agentes LGBT a vivir con miedo a ser castigados simplemente por ser quienes son”, dijo Cristian González Cabrera, investigador principal de Human Rights Watch. “Este fallo es una contundente afirmación de que un futuro más inclusivo es posible y necesario según la legislación dominicana”, agregó.
Human Rights Watch señaló que otros países de la región han adoptado medidas similares como Perú, Ecuador y Venezuela.
Manuel Meccariello, director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, elogió la decisión del tribunal.
“Nadie debe ser discriminado no tan sólo en las filas de la Policía y las Fuerzas Armadas sino de manera general en el Estado dominicano”, dijo Meccariello a The Associated Press.
Pero el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica calificó de “preocupante” el fallo del máximo tribunal.
“Es preocupante lo que está viviendo el país en cuanto a la moral y los valores y los principios”, manifestó Feliciano Lacen, vocero de la principal organización evangélica del país.
Hasta ahora ni la Policía Nacional ni el Ministerio de Defensa se han referido al fallo y no se le preguntó al pueblo dominicano si querían que esto sucediera en un país católico y de principio no liberales.
QUE DICE EL PRESIDENTE?
Quienes están detrás de dicha sentencia….
Human Rights Watch (HRW) es una organización no gubernamental que investiga e informa sobre abusos contra los derechos humanos en todo el mundo para exponer la injusticia y exigir responsabilidades a los perpetradores. Su labor consiste en defender los derechos humanos investigando abusos, publicando sus hallazgos para concienciar a la población y presionando a los gobiernos y otros actores poderosos para que modifiquen sus leyes, políticas y prácticas con el fin de proteger los derechos humanos. HRW
es independiente y no acepta financiación gubernamental, sino que se financia mediante donaciones privadas.
- Investigaciones: Los investigadores de HRW trabajan en países de todo el mundo para descubrir hechos sobre abusos como la tortura, la violencia contra las mujeres y la explotación infantil.
- Exposiciones: La organización publica informes y comparte las historias de las víctimas con una audiencia global a través de su sitio web y redes sociales.
- Defensa: Utiliza sus hallazgos para presionar a los gobiernos y otros grupos poderosos para que cambien las leyes y prácticas que violan los derechos humanos.
- Independencia: HRW se financia exclusivamente con aportaciones de particulares y fundaciones para garantizar su independencia de la influencia gubernamental.
- Pericia: La organización cuenta con un equipo diverso de profesionales, entre los que se incluyen expertos en países, abogados y periodistas.
Anderson Javiel Dirocie De León
Anderson Javiel Dirocie De León es abogado internacional especializado en Derecho Internacional Público, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional.
Ha trabajado en varios tribunales y organismos internacionales de tres continentes, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya y la Corte Penal Internacional.
Además del COLADIC-RD, es miembro independiente de la Red de Litigantes LGBT de las Américas, miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana, de la American Society of International Law y de la Association Internationale De Droit Pénal (AIDP-IAPL) y se ha desempeñado como voluntario de la Asociación de las Naciones Unidas de la República Dominicana desde 2012. En 2015, como miembro del Panel Asesor Juvenil del UNFPA en su país, fue nombrado Delegado Juvenil de la República Dominicana en la Segunda Sesión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. En 2016, se convirtió en la primera persona latinoamericana en ser elegida Presidente Estudiantil de la Asociación Internacional de Estudiantes de Derecho (ILSA), la organización responsable de administrar la Philip C. Jessup International Moot Court Competition. Habla con fluidez español, inglés y francés.
Abogada constitucionalista. Especialista acreditada para representar intereses de entidades públicas y privadas, de toda persona, e intervenir en procesos de participación ciudadana y política, así como en procesos de democratización del Estado.
Abogada. Licenciada en Derecho, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Egresada del Programa de Formación de Jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura. Especialidad en Derecho Judicial, de la Escuela Judicial de España; Post Grado Especialidad en Derecho Constitucional, de la Universidad Castilla – La Mancha (UCLM); Master en Derecho de la Administración del Estado, del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) y de la Universidad de Salamanca (USAL); y Maestría en Derecho Constitucional, de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Fue Jueza de los Tribunales de la República Dominicana y, posteriormente, Letrada del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Es docente universitaria de las materias Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC).
