Hace 10 años ocurrió la desaparición de 43 estudiantes en México y los familiares aún esperan una respuesta sobre qué ocurrió con los jóvenes. Una década después aún hay impunidad, preguntas sin resolver y la marca de una tragedia histórica. Esto es lo que sabemos de los 43 de Ayotzinapa.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un contingente de estudiantes de Ayotzinapa acudió a Iguala, en el estado de Guerrero. El objetivo era retener temporalmente autobuses de empresas de transporte con el fin de utilizarlos para asistir a la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. Los estudiantes partieron a las 9 p. m. en dos grupos (uno con dos autobuses y otro con tres) y poco tiempo después fueron perseguidos y atacados por policías municipales de Iguala, auxiliados por otros cuerpos de seguridad y por otros ciudadanos no afiliados.
El ataque dejó un saldo trágico de 43 normalistas estudiantes de licenciaturas en Educación que a la fecha siguen desaparecidos. En varias camionetas, algunas de policías municipales, se los llevaron. Esa fue la última vez que los vieron. Además de la desaparición, seis personas fueron asesinadas en el lugar, entre ellas tres normalistas; al menos 40 personas resultaron con lesiones; y se registraron cientos de víctimas más, tanto directas como indirectas, según el reporte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Mientras que la primera versión oficial de las autoridades la llamada “verdad histórica” presentada en noviembre de 2014 señaló que los estudiantes fueron asesinados, los seis informes que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desde 2015 mostraron que esa versión fue construida con base en ilegalidades y mentiras. La investigación del caso, por tanto, se mantiene hasta la fecha y no ha entregado resultados concluyentes.
El Gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la desaparición de los 43 jóvenes fue “un crimen de Estado”, en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos “y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
En 2023 el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que autoridades municipales, estatales y federales “tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes” desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos en Iguala hasta su desaparición.
Aunque ha habido algunos arrestos como los del presunto jefe del grupo criminal Guerreros Unidos Gildardo López Astudillo y de José Luis Abarca, exalcalde del municipio de Iguala, ambos fueron absueltos. Ocho militares de los 16 detenidos en 2023 fueron liberados en enero de 2024 mientras siguen los procesos en su contra por la desaparición forzada. Lo cierto es que una década después no hay nadie condenado por este caso.
