En los últimos años, el tema de la deuda pública se ha convertido en un punto central del debate económico en la República Dominicana. Las proyecciones indican que solo en intereses, el gobierno dominicano podría destinar en 2026 más de 322 mil millones de pesos. Esta cifra, que representa aproximadamente el 4% del producto interno bruto (PIB), ha encendido las alarmas entre economistas y analistas financieros.
El economista Andy Dauhajre Jr. ha planteado que, al sumar los intereses que también paga el Banco Central por sus propios compromisos financieros, el porcentaje real del PIB destinado al servicio de deuda podría alcanzar hasta un 5.6%. Para él, esta situación es insostenible sin una reforma profunda de las finanzas públicas.
Reingeniería del gasto y lucha contra la evasión
Dauhajre considera que la solución no pasa simplemente por aumentar los ingresos del Estado, sino por revisar el uso de los recursos. Propone una reestructuración del gasto público que incluya recortes en áreas no prioritarias y una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos. En particular, señala que hay grandes bolsones de evasión fiscal que deben ser atendidos con urgencia.
Un ejemplo que menciona es el caso de miles de empresas que declaran pérdidas todos los años y que, a pesar de tener actividad económica, no contribuyen con lo que deberían al fisco. En este sentido, el economista sugiere la implementación de un impuesto mínimo basado en las ventas, como ya se hizo en años anteriores con resultados positivos.
Subsidios sin control y uso ineficiente del endeudamiento
Otro aspecto que genera preocupación es el uso del endeudamiento para financiar programas sociales. Un caso citado por Dauhajre es el préstamo de 100 millones de dólares solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el programa Supérate, específicamente las tarjetas de ayuda alimentaria.
Para el experto, este tipo de decisiones deben ser revisadas. Endeudarse en dólares para cubrir gastos sociales en pesos crea una presión adicional sobre las finanzas públicas, especialmente si no hay una estrategia clara para controlar el déficit fiscal.
Además, cuestiona otras prácticas como las pensiones especiales otorgadas a personas que no han trabajado en el sector público. Según estimaciones, estas pensiones ascienden a cerca de 5,000 millones de pesos anuales. Mientras tanto, las pensiones solidarias, que deberían ir destinadas a personas en condiciones de vulnerabilidad, no superan los 6,000 pesos mensuales.
Subsidios generalizados vs. subsidios focalizados
Dauhajre también abordó el tema de los subsidios energéticos y de combustibles. Aunque reconoce la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables, advierte que actualmente estos beneficios también están alcanzando a quienes no los necesitan.
Por ejemplo, el subsidio a los combustibles ha beneficiado en mayor proporción a los sectores de mayores ingresos. El cálculo hecho por expertos sugiere que una parte significativa del subsidio termina apoyando el consumo de quienes pueden pagar precios no subsidiados. El economista propone eliminarlo gradualmente y reforzar el uso de mecanismos focalizados como el bono gas.
¿Es viable una reforma fiscal progresiva?
Frente a este panorama, muchos sectores reclaman una reforma fiscal estructural. Dauhajre considera que cualquier cambio en esta dirección debe centrarse en reducir la evasión antes que en aumentar tasas impositivas. También sugiere aplicar el principio de “quien gana más, aporta más”, pero advierte que el verdadero reto es lograr que quienes deben pagar efectivamente lo hagan.
Para lograrlo, propone medidas prácticas y de bajo costo político, como actualizar las tarifas de referencia para hoteles. Actualmente, algunos complejos turísticos declaran ingresos en base a precios por habitación mucho menores a los que realmente cobran, lo que reduce de forma significativa el pago de impuestos.
La inversión pública como motor del desarrollo
Otro de los temas tratados por Dauhajre es la importancia de que el Estado lidere proyectos de infraestructura. Para él, la creencia de que el sector privado puede asumir por completo esta tarea es equivocada. Recuerda que históricamente el Estado ha sido el principal constructor de carreteras, puentes y sistemas eléctricos.
Pone como ejemplo la Central Termoeléctrica Punta Catalina, una obra que en su momento fue criticada, pero que hoy es una de las principales fuentes de generación eléctrica del país. También cuestiona la falta de avances en proyectos anunciados como la Autopista del Ámbar, a pesar de que el gobierno ha tenido acceso a recursos suficientes para impulsarlos.
Responsabilidad intergeneracional y visión de futuro
El mensaje central de Andy Dauhajre es claro: el país necesita tomar decisiones valientes en materia fiscal y de gasto público. No se trata de eliminar programas sociales ni de frenar el desarrollo, sino de ordenar las prioridades y asegurarse de que los recursos se usen con eficiencia.
Sostener un modelo basado en altos niveles de endeudamiento y subsidios generalizados no solo limita la capacidad de inversión en obras clave, sino que compromete a las generaciones futuras. La sostenibilidad económica del país requiere una visión de largo plazo, transparencia y una mejor comunicación por parte del gobierno sobre la situación real de las finanzas públicas.
El reto está en equilibrar las necesidades sociales con la responsabilidad fiscal, fomentando una cultura tributaria justa, eficiente y equitativa. República Dominicana tiene el potencial para seguir creciendo, pero ese crecimiento debe estar sustentado en decisiones bien pensadas, sostenibles y justas.
