La Fundación Arcadia, con sede en Washington DC, anunció este domingo que presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud formal de recusación contra el fiscal jefe, Karim Khan, en un caso contra el dictador venezolano, Nicolás Maduro.
La petición argumenta un conflicto de interés que “compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial”, con implicaciones para la credibilidad de la CPI.
El conflicto de intereses procedería, según la solicitud, de la relación familiar entre Khan y Venkateswari Alagendra, abogada defensora de Maduro en este caso.
El supuesto vínculo, según la Fundación Arcadia, ha generado “preocupaciones sobre la imparcialidad requerida en las funciones del fiscal”, como así lo estipula el Estatuto de Roma, documento rector de la Corte Penal Internacional.
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Imagen de archivo de integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que enfrentan a manifestantes durante una protesta contra de los resultados de las elecciones presidenciales, en Caracas (Venezuela).
La ONG pide la recusación inmediata de Khan y su apartamiento de todas las actuaciones relacionadas con el caso Venezuela I, y solicita el nombramiento de un fiscal independiente para asegurar que la investigación y el enjuiciamiento continúen “sin sesgos o apariencia de conflicto de intereses”.
Solicita también la investigación sobre violaciones éticas de la CPI para determinar si la no divulgación del conflicto de intereses por el fiscal constituye una violación de sus obligaciones éticas y del Código de Conducta de la CPI.
Y propone una declaración pública del Tribunal que aborde “el conflicto de intereses” y describa las medidas adoptadas para “preservar la integridad del proceso con el fin de restaurar la confianza pública en su imparcialidad”.
El fiscal de la CPI Karim Khan ha estado investigando las denuncias de que las fuerzas de seguridad de Maduro detuvieron arbitrariamente, torturaron y ejecutaron a sus opositores políticos en manifestaciones antichavistas entre 2017 y 2018 -crímenes que los activistas dicen que están ocurriendo de nuevo en la represión-.
Tras el fraude electoral del chavismo en los comicios del 28 de julio, Maduro se jacta de haber detenido a más de 2.000 personas, en su mayoría opositores políticos y manifestantes pacíficos a los que acusa de terrorismo. Sus fuerzas de seguridad han detenido a niños de hasta 13 años, según el grupo de derechos humanos Foro Penal. Se les ha relacionado con varios asesinatos, informa Human Rights Watch.
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Riot police fire tear gas grenades at demonstrators during a protest against President Nicolas Maduro’s government in Caracas on April 4, 2017. Activists clashed with police in Venezuela Tuesday as the opposition mobilized against moves to tighten President Nicolas Maduro’s grip on power. Protesters hurled stones at riot police who fired tear gas as they blocked the demonstrators from advancing through central Caracas, where pro-government activists were also planning to march.
Arcadia, una organización promotora y defensora de los derechos humanos, según se define, señala que “la relación familiar entre el fiscal y Alagendra impacta la independencia e imparcialidad requeridas por la CPI, especialmente por ser este un caso que “involucra a Nicolás Maduro como perpetrador de crímenes de lesa humanidad”.
La organización sostiene que el fiscal “debió apartarse del caso ‘motu proprio’ por convicción ética”: “La mera apariencia de parcialidad es suficiente para socavar la confianza del público, las víctimas y la comunidad internacional” en la CPI, asevera.
La solicitud formal de recusación contra Karim Khan está firmada por Robert Carmona-Borjas, cofundador de la organización, y José Vicente Carrasquero, su director de Estrategias de Resolución de Conflictos.
