La controversia sobre un tratamiento que promete mejorar el autismo y la enfermedad de Parkinson se está ventilando en medios de comunicación y redes sociales, en lugar de ser abordada directamente por las autoridades competentes del sistema de salud, afirmó Segundo Imbert Brugal.
Según expuso, corresponde al Colegio Médico Dominicano, al Ministerio de Salud Pública y a las sociedades médicas especializadas investigar, esclarecer y determinar si los procedimientos anunciados cumplen con los estándares científicos y éticos que rigen el ejercicio profesional. Sostuvo que no son las plataformas digitales, las redes sociales ni personas independientes quienes deben dirimir el tema, sino las entidades facultadas por ley para supervisar la práctica médica, incluidas las asociaciones de pediatría, neurología, psiquiatría y psicología. A su juicio, estas instituciones están llamadas a indagar y, si corresponde, aplicar los correctivos de lugar conforme a sus estatutos.
Imbert Brugal indicó que este tipo de cuestionamientos, por su naturaleza técnica y sanitaria, debe analizarse en el ámbito institucional correspondiente, con el propósito de establecer responsabilidades o descartar irregularidades dentro del marco legal vigente.
La controversia se originó luego de que la periodista Nuria Piera presentara en su programa una denuncia en la que cuestiona a un médico generalista que asegura tratar el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Parkinson y el Alzheimer mediante métodos propios. A partir de esa exposición, el caso generó reacciones y debates en el espacio público.
Estas consideraciones forman parte del artículo de opinión titulado “Nuria y la ausencia institucional”, en el que el autor sostiene que, más allá del intercambio mediático, el caso debe ser asumido por los organismos encargados de regular y fiscalizar la práctica médica en el país.
En su planteamiento, señaló que en tiempos democráticos numerosas inconductas se han conocido gracias al trabajo de periodistas y de actores políticos opositores, y no por iniciativa de las instituciones estatales o de los gremios profesionales. Indicó que esos organismos supervisores han mostrado, en distintos momentos, limitada actuación, lo que ha reducido la expectativa ciudadana frente a su desempeño.
Imbert Brugal agregó que el tratamiento cuestionado carecería de fundamento científico y de precedentes conocidos en el país o en el extranjero. En ese contexto, citó al abogado Carlos Salcedo Camacho, quien explicó que el ordenamiento jurídico y la ética médica establecen que la práctica profesional debe regirse por la lex artis ad hoc, entendida como el conjunto de reglas técnicas y científicas generalmente aceptadas por la comunidad especializada en un momento determinado.
También se refirió al enfrentamiento mediático surgido tras la denuncia, señalando que la productora, conocida por su trayectoria en programas de investigación, alertó sobre lo que consideró una transgresión en el ejercicio clínico del galeno. Añadió que, en otras ocasiones, los trabajos de investigación periodística han motivado actuaciones judiciales con mayor rapidez que el propio sistema institucional.
Asimismo, indicó que en medio de la controversia se han producido ataques personales contra la comunicadora por parte de quienes respaldan al médico, desviando, según su planteamiento, la discusión del fondo del asunto.
Finalmente, sostuvo que la labor periodística debió limitarse a exponer la denuncia y activar la intervención de los estamentos obligados a proteger a los pacientes. No obstante, afirmó que, ante lo que describió como un vacío institucional, el caso continúa desarrollándose en el escenario mediático, sin que hasta el momento se haya producido un pronunciamiento oficial de las autoridades sanitarias.
