La Procuraduría General de la República (PGR) ha adoptado medidas legales tras recibir información de que el empresario Antonio Espaillat López estaría realizando acciones para transferir bienes a su nombre, lo que ha sido interpretado por el órgano acusador como una posible estrategia para evitar el resarcimiento a las cientos de víctimas de la tragedia en la discoteca Jet Set.
La Dirección de Persecución del Ministerio Público, encabezada por Wilson Camacho, activó varias diligencias procesales que involucran directamente a las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, así como a otras propiedades vinculadas al empresario.
Estas acciones forman parte de la investigación iniciada tras el colapso del techo de concreto de la discoteca Jet Set ocurrido el pasado martes 8 de abril, mientras se desarrollaba una fiesta con la participación del merenguero Rubby Pérez, quien falleció en el evento junto a 231 personas más. El hecho también dejó más de 180 heridos.
Como parte de las diligencias, se interpusieron oposiciones a los traspasos de bienes que estaban en proceso. Según informó el Ministerio Público, estas medidas buscan proteger los derechos de las víctimas, evitando que se realicen transacciones que afecten los activos que podrían ser utilizados como parte de una eventual compensación a los afectados.
“El Ministerio Público ha gestionado imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set”, declaró una fuente cercana a la investigación.
Estas acciones se enmarcan dentro de las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, aunque se aclaró que no se está investigando a Espaillat por lavado, sino que se utiliza esta herramienta legal para frenar transacciones de manera administrativa.
La investigación se enfoca en las empresas directamente relacionadas con Espaillat, con especial énfasis en la sociedad que operaba el reconocido centro de entretenimiento ubicado en Santo Domingo.
Paralelamente, se revisa toda la documentación corporativa, las licencias, los seguros, las condiciones estructurales del local y el cumplimiento de las normativas que rigen establecimientos de este tipo.
Espaillat, por su parte, ha declarado públicamente su disposición a colaborar con la justicia y aseguró que sus empresas están comprometidas con el proceso de investigación.
La Ley Orgánica del Ministerio Público, 133-11, en su artículo 169, establece que dicho organismo es responsable de la formulación e implementación de la política estatal contra la criminalidad, dirigiendo las investigaciones penales y ejerciendo la acción pública en representación de la sociedad.
En su primer párrafo, se establece que el Ministerio Público debe garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, proteger a las víctimas y testigos, y defender el interés público.
Asimismo, el párrafo II señala que el funcionamiento del sistema penitenciario estará bajo la dirección del Ministerio Público y otro organismo que se establezca con ese fin.
El artículo 170 de la misma ley establece que el Ministerio Público posee autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, y que sus funciones se rigen por los principios de legalidad, unidad de actuaciones, jerarquía, individualidad y responsabilidad.
