El Gobierno de Pedro Sánchez ha reservado casi 8 millones de euros del Plan 2026 de Publicidad y Comunicación Institucional para un grupo de campañas. El denominador común es difundir «mejoras» y «avances» impulsados por el propio Ejecutivo en distintas áreas de la Administración General del Estado, según se desprende del documento aprobado por la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, adscrita a la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno.
En total, cinco campañas de otros tantos ministerios suman 7.951.688 euros:
- Conoce los servicios digitales de la Administración Pública (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) — 2.000.000 €. Su objetivo es «dar a conocer a la ciudadanía los servicios digitales que pone a su disposición la Administración General del Estado para promover su utilización».
- Visibilización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa) — 2.000.000 €. Busca «mostrar el papel transformador jugado por los fondos del PRTR» y «avanzar hacia un país más verde, digital e inclusivo».
- Difusión de la nueva Agencia Española de Empleo y sus actividades (Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del SEPE) — 2.260.933 €. Pretende «difundir la nueva marca de la Agencia Española de Empleo, así como sus actividades», en una campaña ligada a la transformación del SEPE en Agencia durante 2026.
- Una nueva justicia: hacia la justicia del siglo XXI (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) — 1.190.755 €. Su fin es «dar a conocer las mejoras que se están llevando a cabo» en la Administración de Justicia, «con el fin de modernizarla, digitalizarla y acercarla a la ciudadanía».
- LACT, la Administración cerca de ti (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) — 500.000 €. Promociona un servicio de las delegaciones del Gobierno puesto en marcha en 2022 para acercar trámites de la AGE a municipios sin sedes físicas.
Las cinco campañas comparten un mismo patrón: presentar como logro propio del Gobierno la modernización de servicios públicos, en un formato que roza los límites que marca la propia ley que regula esta publicidad. El artículo 4 de la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional, prohíbe expresamente las campañas «que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados» por el Ejecutivo.
La norma exige, en su artículo 3, que la publicidad institucional se ajuste a los principios de «interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto», y que sirva a la ciudadanía y no al Gobierno que la promueve.
Estas campañas se suman a las 124 que componen el Plan 2026, con una inversión total de 155.601.788 euros, un 3,45% menos que en 2025. El propio documento reconoce que casi un tercio de la inversión total del Plan —un 35,18%— se destina al objetivo «comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social», la categoría más amplia y también la que ha permitido en los últimos años financiar este tipo de campañas de autopromoción de la gestión gubernamental.
