El pasado mes de marzo de este año en curso, el medio de comunicación N Digital había compartido un caso preocupante en el que se denunció la propuesta fraudulenta de negocio de unas personas supuestamente convertidos a la fe.
En dicho reportaje se presentó un esquema piramidal Ponzi que combina inversiones en criptomonedas con elementos de la fe cristiana, que involucra al joven Deny Emmanuel García Castillo y su madre, Graciela Castillo, una familia de pastores que dirigía la Iglesia Centro de Restauración Vida Eterna en San Cristóbal.
Ambos motivaban a sus seguidores feligreses, asimismo familiares, a solicitar préstamos para invertir en lo que presenta claros indicios de ser una estafa, y es que, luego de que se agotaron las vistas de conciliación y se inició el proceso judicial, ha habido un desarrollo en el caso que ha generado cierta esperanza entre los afectados de que se haga justicia, ya que la justicia dominicana ha investigado a fondo el caso y ha tomado una decisión.
García Castillo, de 34 años, y su madre, de 68, son socios de Zamek Capital, una empresa registrada en junio de 2021, que prometía ganancias mensuales de entre el 5 y el 6 por ciento a través de una plataforma en línea.
Sin embargo, los inversionistas, alrededor de 90 personas que entregaron entre 90 y 100 millones de pesos, no recibieron las ganancias prometidas. Más bien, todo lo contrario, tuvieron pérdidas que sugieren la existencia de un esquema Ponzi.
Frente a esta situación, un grupo de afectados decidió tomar acciones legales y es por ello que, al transcurrir siete meses, el órgano persecutor solicitó medidas de coerción contra Deny García y tres empleados de la empresa.
El abogado de los perjudicados, Jeury, informó que se impuso a García un régimen de presentación mensual y un impedimento de salida del país, además de una fianza judicial de 1 millón de pesos en efectivo.
Ante esto, se ha conocido la opinión de algunos afectados, como Jesús Elías Castro, querellante, quien expresó que, aunque es un avance, esperaba medidas más estrictas.
El Ministerio Público y la parte querellante planean presentar una acusación formal contra los cuatro imputados en un plazo de seis meses. Los afectados esperan recuperar al menos parte de sus inversiones para saldar deudas, pero su objetivo principal es frenar actividades fraudulentas que abusan de la fe de las personas.
Desde el inicio de esta situación, la iglesia ha visto una disminución en la asistencia a sus cultos, y persiste la preocupación por cómo individuos sin escrúpulos utilizan el evangelio de la prosperidad para engañar a quienes buscan mejorar su situación económica.
