El Congreso de Argentina revirtió este jueves el veto presidencial de Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad en un hecho sin precedentes desde 2003, ya que la norma, aprobada en julio, obliga al Estado a aumentar el financiamiento para pensiones y asistencia a personas con discapacidad.
El Senado rechazó el veto con 63 votos a favor, siete en contra y ninguna abstención, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la misma moción el pasado 20 de agosto. La ley, ahora ratificada por ambas cámaras, deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
Una respuesta al ajuste y los recortes
La iniciativa había sido vetada por Milei el 2 de agosto, argumentando que la ley afectaba su política de equilibrio fiscal, pero fue duramente criticada por sectores sociales y legisladores. Según organizaciones, más de 100,000 personas con discapacidad perdieron sus pensiones en las últimas semanas debido al ajuste implementado por el Gobierno.
La senadora Alejandra Vigo (Unión Federal) calificó el veto como “inhumano” y destacó que la ley es una necesidad “no solo por los discapacitados, sino por toda la sociedad”.
Denuncias de corrupción agravan el contexto
El debate en el Senado se vio marcado también por el reciente escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), revelado tras la filtración de audios que describen un presunto esquema de sobornos.
En dichos audios se vincula directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del mandatario, con una presunta red de corrupción que involucra a la empresa Suizo Argentina, comercializadora de medicamentos. La denuncia penal presentada por este caso ya está siendo investigada por la Justicia.
Legisladores acusan desprotección del Estado
La senadora Juliana Di Tullio (Frente de Todos) afirmó que “las personas con discapacidad le están poniendo un freno al presidente”, mientras que Guadalupe Tagliaferri (Propuesta Republicana) señaló que “la discapacidad no es un problema privado, es del Estado”, y agregó: “La plata sale del sobreprecio y las coimas”.
Costo fiscal y amenaza de judicialización
El Gobierno había estimado que la ley pondría en riesgo la disciplina fiscal, luego de alcanzar un superávit primario del 1.1 % del PIB en los primeros siete meses del año. No obstante, la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que la ley de discapacidad tendría un costo fiscal de entre 0.28 % y 0.51 % del PIB.
En respuesta al rechazo parlamentario, Milei advirtió que podría judicializar la ley:
“Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado”.
Este es el primer caso en 22 años en que el Parlamento revierte un veto presidencial. La última vez fue el 12 de marzo de 2003, durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde.
