El Ministerio Público sostiene que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, se valió de relacionados y familiares para ocultar el incremento desproporcionado de su patrimonio, que considera “inimaginable a la luz del salario de cualquier funcionario público”, entre estos su yerno Leonardo José Guzmán Font-Bernard, quien no está imputado.
El ente acusador reafirma que, entre octubre 2004 y septiembre de 2006, Díaz Rúa aumentó su patrimonio en RD$89,575,748.88. “Mágicamente lo logró con un salario de RD$75,101 como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa)”, dice la acusación de más de 500 páginas que ayer, por segundo día, se continuó leyendo en el juicio de fondo contra seis imputados por US$92 millones en sobornos que Odebrecht pagó para asegurarse obras públicas.
El Ministerio Público reafirma que el fruto de ese patrimonio “deviene del dinero ilícito producto de los actos de corrupción cometidos en perjuicio del Estado y del pueblo”.
Reitera que, a raíz de su designación como ministro de Obras Públicas, Díaz Rúa presentó una nueva declaración jurada de fecha 10 de octubre de 2008, de que poseía un patrimonio neto de RD$414,083,066.53, “reflejándose un aumento de más de 200 % de su patrimonio, en relación con la declaración presentada el 15 de septiembre de 2006”.
“Al efecto, el enriquecimiento ilícito del imputado ya a esta fecha era por más de RD$300,000,000, según sus propias declaraciones juradas, lo que hace de esta una prueba incontrovertible”, dice el Ministerio Público.
“Los RD$7,376,464.67 que percibió el imputado Víctor José Díaz Rúa por concepto de sueldos durante su paso por la administración pública, no guarda relación con los ingresos millonarios que manejó durante el mismo periodo, ni con el estilo de vida de consumo excesivo que reflejan sus productos financieros”, asegura.
El Ministerio Público reitera que “es evidente” el entramado para el ocultamiento de bienes y la falsedad de las declaraciones juradas del imputado, toda vez que había una red de sociedad mediante la cual distrajo y escondió su riqueza. “Al ocultar la existencia de estas sociedades, comete falsedad, lo que, por vía de consecuencia, se constituye en evidencia suficiente de enriquecimiento ilícito”, afirma.
Gastos “exagerados” con tarjeta de crédito
Otro elemento que, según el Ministerio Público, delata el enriquecimiento ilícito del imputado son los consumos “exagerados” que realizaba con sus tarjetas de crédito mientras era funcionario. Indica que el imputado gastó por esa vía RD$39,273,503.25.
En dólares, entre 2005 y 2017 gastó US$2,849,486 en tarjeta de crédito.
“Durante el tiempo que el imputado Víctor Díaz Rúa fue funcionario, sus consumos con tarjeta de crédito superaron con creces todo el patrimonio declarado en el año 2004, de acuerdo con su primera declaración jurada, de RD$63,532,898, y sobrepasaron todo lo que el imputado cobró al servicio del Estado, lo que resulta inexplicable desde cualquier lógica”, indica el Ministerio Público.
Colaboración de familiares y allegados
En su acusación, el MP asegura que Díaz Rúa contó con la colaboración de familiares, amigos y personas cercanas, y todo un entramado societario, para tratar de dar apariencia de legitimidad al dinero ilícito que “a granel” obtenía “de las acciones delictuales que cometía en contra del Estado”.
Entre 2004-2017, a través de sociedades y de sus allegados, como persona física el imputado introdujo al sistema bancario más de RD$35 mil millones para lo cual utilizó productos monetarios especulativos en distintas entidades de intermediación financiera, nacionales y extranjeras, dice la acusación.
El MP sostiene que Díaz Rúa incurrió en lavado de activos mediante la Constructora Solaris, S.R.L. y otras empresas.
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Su abogado y el yerno
Para acumular y mover todo el dinero irregular, el Ministerio Público asegura que Díaz Rúa contó con la “participación activa” de su abogado personal, el también imputado Conrad Pittaluga Arzeno, en condición de cómplice y testaferro de Díaz Rúa, y de su yerno Guzmán Font-Bernard, como testaferro, quienes le ayudaron “a dar apariencia de legalidad a los recursos económicos amasados”.
En la alegada estructura de blanqueo de dinero tramada por el imputado, el Ministerio Público considera como clave la participación de su yerno desde 2010, quien no está incluido entre los imputados, pero fue interrogado por la Procuraduría en 2017
“El análisis de los productos financieros manejados por Leonardo José Guzmán Font-Bernard ofrece una imagen clara de cómo su bonanza económica se desarrolla de forma paralela al enriquecimiento ilícito de su suegro”, dice el Ministerio Público.
La acusación indica que, según un informe suministrado por la Tesorería de la Seguridad Social, Font-Bernard pasó de reportar ingresos por RD$20,000 en 2007, a notificar RD$1,500,000 de 2014 a 2016 y RD$1,125,000 en 2017.
El Ministerio Público sostiene que Font-Bernard recibió transferencias directas de dos empresas vinculadas al también imputado Ángel Rondón -quien era la persona designada por Odebrecht para pagar los sobornos- por US$182,348.83.
Además, que Guzmán Font-Bernard utilizó las sociedades comerciales Indoequipesa SRL, Merkel Investment SRL y Med Solutions, fundadas y vinculadas con él, como instrumentos de lavado de activos como testaferro de Díaz Rúa.
Señala que, al año siguiente de fundada, Indoequipesa, firma el subcontrato ADC 127/2011, de acarreo de material de construcción, con la empresa Autopista del Coral S.A., un consorcio dirigido por la Constructora Norberto Odebrecht.
La obra de construcción de la Autopista del Coral había sido adjudicada por Díaz Rúa a Odebrecht mediante el pago de más de US$6 millones de sobornos transferidos por la constructora brasileña a través de la compañía Newport Consulting, constituida por el imputado Pittaluga Arzeno, dice el Ministerio Público.
Sobre Merkle Investment, la acusación destaca que, luego de entrada de Guzmán Font-Bernard, en tan solo dos años “manejó volumen de dinero injustificable, propio de una entidad que se dedica al lavado de activos”.
