Santo Domingo, RD
La noche del pasado lunes las autoridades del ministerio público desataron una serie de allanamientos a propiedades del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otras personas, en un operativo que posteriormente fue denominado “Operación Medusa”.
Entre los imputados en la investigación está Rainiery Elizabeth Medina Sánchez quien, al igual que Alejandro Girón Jiménez en el Caso Coral, se ha posicionado como pieza clave de este proceso.
Y es que Medina Sánchez está colaborando con los fiscales al confirmar su rol en el grupo acusado de integrar una asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
Así lo constató la solicitud de allanamiento sometido a un tribunal del Distrito Nacional, documento al que este diario tuvo acceso, que estipula la confesión de la implicada en la investigación.´
Específicamente, los fiscales indican que Medina Sánchez realizaba entradas “irreales” de órdenes de productos incompletos (o que simplemente no llegaban) al almacén de la Procuraduría, a través de facturas adulteradas.
Todo esto lo hacía en su condición de encargada de recibir estos materiales, bajo las instrucciones de Johannathan Medina Reyes, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Francis Ramírez Moreno, Rafael Antonio Mercede Marte y Altagracia Guillén Calzado.
Procesos de compra
Otra de los esquemas en que Medina Sánchez admitió haber participado fue el de las licitaciones amañadas, con el documento anteriormente citado detallando que ella formaba parte de uno de los grupos que podía seleccionar directamente las empresas que ganarían el proceso de compra directamente, sin importar la oferta.
Una de sus labores era descalificar a las otras compañías participantes del sorteo, alegando problemas técnicos como iluminación y limpieza del lugar. Asimismo está el caso de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez EIRL que ganó una licitación mediante las maniobras del también imputado Rafael Canó Sacco, que sería beneficiado con esta adjudicación ya que el dueño de la entidad, Daniel Elías Mazur Báez, es señalado como su socio.
Sobre esto Medina Sánchez aseguró durante su interrogatorio que esta empresa no prestó ninguno de los servicios para la que fue contratada, a pesar de que el Ministerio Público le pagó 50 millones de pesos.
Además, indicó que a ella le ordenaron repetir la solicitud de pago en al menos cuatro ocasiones.
