Santo Domingo. – El Ministerio Público (MP) solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra seis hombres acusados de cometer una violación sexual grupal a una joven de 21 años, grabar el acto y difundir las imágenes en plataformas digitales. El caso, calificado como atroz por las autoridades, ocurrió en marzo de este año en una residencia de la comunidad La Javilla, en el municipio Villa González, provincia Santiago.
Los imputados fueron identificados como José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente por las fiscales Quirsa Abreu Peña, titular de Santiago, Gladisleny Núñez e Ivette Martínez, pertenecientes a la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
Engaño, abuso y difusión digital
De acuerdo con la investigación, la víctima fue llevada a la residencia bajo el pretexto de que sería trasladada a un centro de salud, tras sentirse mal mientras se encontraba en un establecimiento comercial en Palmar Abajo, en Villa González. Dos de los acusados se ofrecieron a acompañarla, pero nunca llegaron a ningún establecimiento sanitario.
En cambio, la trasladaron a la residencia en La Javilla donde, según la instancia presentada, fue violada por los seis hombres mientras se encontraba indefensa. Los agresores grabaron el hecho y posteriormente compartieron el material audiovisual en diversas plataformas digitales.
Cargos e investigación tecnológica
A los imputados se les acusa de violar los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, así como los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07, relacionados con asociación de malhechores, violación sexual agravada, y atentado sexual por medios electrónicos, incluyendo la reproducción y difusión no autorizada de contenido sexual.
El Ministerio Público también solicitó que el proceso sea declarado de tramitación compleja, debido a la pluralidad de imputados, la posibilidad de que haya otros involucrados aún no identificados, y la multiplicidad de tipos penales.
Asimismo, se pidió autorización al tribunal para que el Departamento de Informática del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) realicen un rastreo digital para identificar la dirección IP y el origen de la primera difusión del material audiovisual.
