El contrato para la instalación de grilletes a imputados a los que arribó la Procuraduría con la empresa Monitoreo RSL habría sido objeto de un “tumbe” según la figura usada por la procuradora fiscal Yeni Berenice durante la audiencia de medida de coerción que se conoce a los 11 imputados de la Operación Antipulpo.
La magistrada explicó que a la llegada de la actual titular de la Procuraduría General de la República, Miriam Germán Brito, se encontraron con que en la gestión pasada se firmó un contrato de exclusividad a una empresa representada por el ciudadano Wacal Leonel Elseví Báez, dejando sin efecto el contrato de Monitoreo Dominicana.
Reynoso asegura que Báez es uno de los testaferros del hermano del expresidente Danilo Medina, así como del señor Domingo Antonio Santiago Muñoz, otro de los procesados.
“Alexis y Domingo utilizan sus vínculos con la Procuraduría para sacar a Monitoreo Dominicana. En la actualidad no tienen contrato. Eso en narcotráfico le dicen que fue un tumbe”, dijo la magistrada Reynoso.
Reiteró que legalmente no existe contrato con Monitorio, sino con el ciudadano que señala como testaferro de Medina Sánchez.
Indicó que el contrato en el que se pasa el servicio de los grilletes se hizo el 29 de julio, mediante una licitación montada en 10 días y como proveedor único a esa empresa.
Señaló que la forma en cómo se realizó la adjudicación provocó que una de las empresas licitantes, a la llegada de Germán Brito a la Procuraduría, pidiera que esa licitación sea investigada.
Las informaciones de la magistrada llevaron al juez de Atención Permanente, Alejandro Vargas, a tomar la decisión de no imponer más brazaletes como medida para evitar la prisión, esto luego de que había reconocido que esos artefactos habían ayudado a reducir las órdenes de prisión preventiva.
