El Gobierno de Venezuela anunció este lunes que se reserva el derecho de tomar acciones legales para «reparar» el daño causado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro, que fue incautado en República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos, en el contexto de las sanciones impuestas a Caracas.
Venezuela calificó esta medida como una «práctica criminal» aplicada por EE.UU., basándose en las numerosas sanciones impuestas contra altos funcionarios chavistas en los últimos años.
Estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para presionar al régimen de Maduro, al cual acusa de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia en Venezuela.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo venezolano señaló que «se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal» de EE.UU.
Además, el gobierno de Maduro tildó la confiscación del avión como un acto de «piratería», subrayando que este tipo de acciones vulnera la soberanía de la nación y agrava las tensiones entre ambos países. Este incidente se enmarca en un contexto de relaciones bilaterales extremadamente tensas entre Venezuela y Estados Unidos, marcadas por múltiples sanciones que han afectado a diversos sectores de la economía venezolana y a numerosos funcionarios del gobierno chavista.
Estas sanciones han sido vistas por Caracas como un intento de desestabilizar al país y derrocar al gobierno de Maduro, mientras que Washington las justifica como una respuesta a la supuesta corrupción y a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen venezolano.
