El gobierno de Nicolás Maduro atraviesa una creciente soledad diplomática en América Latina tras las derrotas electorales de dos de sus principales aliados regionales: los oficialismos de Honduras y San Vicente y las Granadinas. El panorama se complica mientras persiste la tensión con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe y endurece su postura hacia Caracas.
En Honduras, los resultados preliminares de las elecciones del domingo muestran a Rixi Moncada, respaldada por la presidenta Xiomara Castro, relegada al tercer lugar, sin posibilidades de revertir la tendencia. Los dos candidatos que lideran el conteo, Salvador Nasralla y Nasry Asfura, han prometido romper relaciones con el régimen venezolano. Asfura, además, recibió apoyo público del presidente estadounidense Donald Trump.
En San Vicente y las Granadinas, cayó otro pilar del madurismo: Ralph Gonsalves, primer ministro durante casi 25 años y firme aliado de Venezuela, perdió ante Godwin Friday, político de centroderecha cuyo partido ganó 14 de los 15 escaños del Parlamento.
Incluso gobiernos de izquierda o centroizquierda como Brasil, Chile, México y Colombia han limitado su relación con Maduro, especialmente después de las cuestionadas elecciones venezolanas de 2024, consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional.
La distancia con Argentina se mantiene desde la ruptura casi total ocurrida durante el gobierno de Mauricio Macri y no mejoró tras la llegada de Javier Milei al poder. Situación similar ocurre en países que recientemente giraron hacia la derecha como Ecuador, El Salvador y Bolivia.
En el caso de Brasil, la vuelta de Lula da Silva reabrió canales diplomáticos, aunque sin alcanzar los niveles de cercanía registrados en mandatos anteriores.
Con un mapa político adverso, a Maduro le quedan solo dos aliados regionales activos:
- Cuba, cuyo canciller Bruno Rodríguez aseguró que La Habana “apoya de forma plena y completa” al régimen venezolano, aunque la grave crisis económica limita su capacidad de asistencia.
- Nicaragua, liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han mantenido un apoyo discreto hacia Caracas. Ortega denunció en septiembre el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, acusando a Washington de intentar “apoderarse del petróleo venezolano”.
La estrategia estadounidense ha elevado el nivel de presión. El Pentágono desplegó más de una docena de buques de guerra y alrededor de 15,000 efectivos en la región bajo la operación “Lanza del Sur”, enfocada en combatir rutas de narcotráfico que Washington atribuye al liderazgo de Maduro.
Este lunes, el presidente Donald Trump convocó a su Consejo de Seguridad Nacional para evaluar próximos pasos en la crisis bilateral.
“El presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema y otros asuntos”, dijo la portavoz Karoline Leavitt.
Trump advirtió el fin de semana que el espacio aéreo venezolano está “totalmente cerrado” y que las operaciones —antes limitadas al mar— podrían ampliarse “muy pronto” a misiones terrestres.
Según Estados Unidos, los ataques realizados desde septiembre contra 20 embarcaciones habrían dejado 83 muertos, en acciones justificadas como operativos contra el narcotráfico.
Leavitt sostuvo que “hay opciones disponibles” para Trump y evitó descartar una acción más agresiva, aunque señaló que la Casa Blanca actúa para “eliminar amenazas antes de que lleguen al territorio estadounidense”.
Tras reportes sobre un supuesto ataque de seguimiento contra sobrevivientes, la Casa Blanca defendió la legalidad de las operaciones.
Leavitt explicó que el almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales, actuó bajo órdenes del secretario de Defensa Pete Hegseth:
“Actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley, al dirigir el ataque para garantizar que la embarcación fuera destruida y la amenaza eliminada”.
Hegseth también respaldó la ofensiva:
“Estas acciones cumplen con la ley de conflicto armado y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles”.
