La madre de Noelia Castillo, la joven de la comarca catalana del Garraf que recibió la eutanasia el pasado 26 de marzo, presentó dos denuncias ante las fiscalías de Barcelona y Tarragona para que se investiguen dos presuntas violaciones que, según sostiene, sufrió su hija antes del intento de suicidio que la dejó parapléjica.
De acuerdo con la Agencia Catalana de Noticias (ACN), las denuncias incluyen escritos manuscritos de la propia Noelia, así como diversa documentación que, según la madre, permitiría identificar a los presuntos responsables de ambos hechos.
La primera denuncia señala como presunto agresor a una expareja de la joven, con quien mantuvo una relación durante cuatro años. La segunda recoge el relato de un hecho ocurrido en Salou, donde, según la documentación presentada, Noelia habría sido drogada por un camarero y posteriormente presuntamente violada por tres hombres.
Según la denuncia, tres días después de ese segundo episodio, la joven intentó quitarse la vida. Aunque sobrevivió, el hecho le provocó lesiones que la dejaron parapléjica.
Las acciones judiciales fueron presentadas por separado debido a que los hechos presuntamente ocurrieron en provincias distintas y podrían constituir dos delitos de agresión sexual, con circunstancias agravantes.
La familia explicó que no denunció los hechos en su momento porque, según afirma, no contaba con pruebas suficientes. Sin embargo, tras el fallecimiento de Noelia, su madre aseguró haber tenido acceso a nueva documentación que, a su juicio, permitiría avanzar en la identificación de los presuntos responsables.
La organización Abogados Cristianos, que representa legalmente a la madre de la joven, recordó que el fallecimiento de la presunta víctima no extingue la acción penal en este tipo de delitos y solicitó al Ministerio Fiscal impulsar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables.
Hasta el momento, las fiscalías de Barcelona y Tarragona no han informado sobre la apertura formal de una investigación ni sobre posibles personas imputadas. Las denuncias deberán ser evaluadas por las autoridades competentes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas señaladas.
