Mildred Correa es una mujer que llamó toda la atención de los medios de comunicación y redes sociales en República Dominicana, tras presentarse al Palacio de Justicia de Higüey, donde lanzó los restos del cadáver de su hija al frente del edificio.
En estas últimas horas, el reconocido programa N Investiga profundizó en este caso y detalla la historia que llevó a esta madre a realizar esa acción.
“Soy una madre impotente, ¿tú crees que no me duele haber sacado a mi hija de ahí para llamar la atención?”, expresa ella.
Pero, ¿qué fue lo que llevó realmente a esta dama de 41 años, propietaria de una pequeña tienda en Higüey y madre soltera de tres hijos, a ir al cementerio, desenterrar la osamenta de su hija y llevarla a la Fiscalía de Higüey, tras transcurrir ya diez meses desde su fallecimiento?
Su hija murió bajo circunstancias que aún no están claras, y la madre siente que las autoridades no han hecho su trabajo de forma correcta, dejando muchas preguntas sin respuestas.
Cuenta que su hija “andaba con un grupo y la Fiscalía no me ha dicho nada, solo me tienen dando vueltas y mareándome”. Nuevamente, se muestra un caso donde la falta de pericia en las indagaciones, la oportunidad y participación de médicos forenses, los errores procesales-legales supuestamente cometidos por las autoridades y la falta de análisis toxicológicos a las víctimas y acompañantes, han creado todo de tal manera que la madre piense que no se está haciendo justicia en el caso de su hija.
El representante legal de la madre de la menor fallecida, llamado Bomar Quezada, explica que: “En el relato fáctico de la solicitud de medida de coerción, no habla de que la niña está muerta, tampoco aporta el acta del levantamiento de cadáver, no aporta el acta de autopsia”.
Se refiere, como muestra de las extrañas situaciones presentadas en la investigación y en proceso judicial no solo para la madre, sino para su abogado, es a la solicitud de medida de coerción contra cuatro jóvenes que la acompañaban la noche del 13 de marzo de 2023, en el río Salto de Anamuya, junto a otras tres compañeras de clase, también menores de edad.
La Fiscalía se olvidó de establecer en el relato de los hechos ante el juez que la menor estaba muerta y de contactar a la madre para informarle del proceso legal y que se constituyera como querellante. Otro elemento que genera suspicacia es lo que dice el jurista:
“A la niña se le hizo una experticia de semen, a ver si tenía semen en su parte vaginal y anal, dio negativo. El problema no es ese. El problema es que la experticia que se le solicitó se la hacen ocho meses después. Una muestra que, según los científicos, establece que a una temperatura de 20 grados Celsius te dura tres días”.
Otra debilidad del proceso es que las tres compañeras de clase, también menores de edad, que acompañaban a la fallecida en el río, fueron entrevistadas con cámara Gesell sin la presencia de un abogado de familiares de la víctima, por lo que la defensa solicita anular estos interrogatorios y rehacerlos.
Bomar Quezada explica que “las niñas excluyan el tema de la sustracción de menores, que es por lo único que se podían acusar en ese momento, al condicionar el testimonio al no ver a un abogado penalista que pudiera defender los intereses de la víctima de manera lógica, consiguieron la libertad”.
De hecho fue así, ya que todos fueron puestos en libertad en un lapso de tres días de haber sido apresados y la autopsia del cadáver, supuestamente realizada entre 12 y 14 horas después del fallecimiento, fue presentada un mes después a las autoridades, donde se “concluyó que se trata de una muerte violenta, de etiología médico legal accidental, se debió a asfixia por inmersión y con un mecanismo de muerte de edema pulmonar bilateral”.
Por su parte, la progenitora de la difunta cuestiona la veracidad de los resultados, por lo cual su teoría es de que su pequeña fue abusada sexualmente, pero no hay ninguna evidencia que lo corrobore. En el informe de la autopsia, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) establece que el cadáver llevaba puesto un suéter de mangas cortas color negro y azul y un pantalón corto de color amarillo y azul, pero no aclara si llevaba o no ropa interior o traje de baño.
Por otro lado, indica abrasiones en las extremidades inferiores. Según una de las menores, esas abrasiones se produjeron al sacarla del río y subirla en un motor.
La historia que cuenta es sencilla: dice que de repente se percataron de que no la veían, la buscaron y al encontrarla estaba botando espuma en la boca, ¿cuánto tiempo había transcurrido para que ella llegara a esa condición?
Otro de los testimonios que se tienen, indica que al arrojarse al río, había sufrido un golpe en la cabeza, pero en el informe del Inacif no se evidencia el golpe.
Además, hay otros testigos en el caso, los cuales manifiestan haber escuchado gritos de una joven exclamando: “No me tires”.
“A veces, uno ve el cliente en ese tipo de situaciones y entiende que es algún tipo de pasión, en su dolor, pero en la investigación que hemos inicializado, hemos corroborado omisiones, hemos corroborado actos que de manera procesal yo como experto procesal digo que es una locura jurídica, el expediente al revisarlo”, apunta el abogado.
La madre, por su parte, agregó que: “Están ocultando algo. Mi instinto de madre me dice a mí que mi hija no se murió. Porque que ahí no fue ella a una iglesia, ni fue a un evento familiar. Ahí estaban tomando alcohol y bebida y todo”.
La actual fiscal titular de La Altagracia, Claudia Lorena Garrido, era la fiscal que en 2019 tuvo bajo su responsabilidad otro caso que involucró a la misma menor fallecida, para colmo.
La señora Correa lo explica así: “Juan de Dios de los Santos se puso de freco con la niña mía, de 11 años, cuando eso tenía 11 años mi hija; la manoseó, intentó violarla, y yo puse una querella ahí que ella estaba, Claudia Garrido estaba en violencia de género”.
De acuerdo al abogado, entonces se pidió para el imputado “una fianza de 10,000 pesos como garantía procesal, cuando lo que correspondía era prisión preventiva”.
Todas estas falencias profundizaron el dolor de la pérdida al punto de que el 14 de enero, a las 2 de la madrugada, acudiera a la tumba de su hija en el cementerio y exhumara sus restos.
El dolor de esta madre se ve exacerbado por lo que considera una falta de empatía de las autoridades. En tanto, declaró que: “Tuve yo que entrarme. Quité la tapa porque no pude sacar la caja. Yo nada más saqué la caja. Y tuve que meterme pa’ coger los restos. La caja se quedó, no sé qué pasó con la caja…”, expresa en el cementerio, señalando la tumba, la que rompió por el medio.
Colocó la osamenta de su hija en una bolsa, con la cual acudió a la Fiscalía de Higüey, donde llena de indignación, molestia e impotencia, lanzó los restos.
Y manifiesta: “Yo, en verdad, yo no sé ni a dónde yo estaba, mi hija, yo estaba… Yo lo que quería que bajara Claudia, la titular, para que ella y yo nos comamos los huesos.
«Eso fue una falta de respeto y de empatía por parte de ella, por parte de la justicia de aquí de Higüey. Esa niña era mi mundo, era la que me ayudaba, porque yo soy una madre luchadora, soy padre y madre».
El acto de desesperación e impotencia causó que fuera detenida y llevada a la cárcel de mujeres La Malena, donde estuvo apresada por unas 10 horas, por violación a los artículos 358 y 360 del Código Penal Dominicano, que establece lo que es la profanación de un cadáver, sin el consentimiento de un juez, lo que conlleva una pena de seis meses a cinco años de prisión.
“Me dolió mucho sacar a mi hija de ahí, pero tuve que hacerlo, mi amor. Tuve que hacerlo porque aquí la muerte de mi hija no se puede quedar impune. Porque es que corren. Muy difícil, muy difícil, mi amor, yo casi no duermo, yo me levanto a las 3 de la mañana, yo no duermo, yo pensando, ¿qué fue lo que pasó?”, agrega la madre.
El representante legal apunta que lograron su libertad a través de una solicitud que, basada en el artículo 34 del Código Procesal Penal; “un criterio de oportunidad, le solicitamos en voz al magistrado y él ponderó, en conjunto con la fiscal titular y le dieron libertad a la señora”.
En una demostración de la falta de un proceso integral que incluya acompañamiento psicológico a una madre ante esta situación, es luego de la exhumación que la Fiscalía dispone atención de salud mental.
“Mi psicólogo es Dios. Yo me hinco a orar, yo oro, yo le cuento mi problema al Señor, y él es que me tiene con esta voluntad y estas ganas de vivir, porque yo tengo dos niños chiquitos que me necesitan”, manifiesta la afectada madre.
Advierte que no descansará hasta lograr que se haga justicia. La defensa planea presentar una acusación independiente como homicidio involuntario y sustracción de menores. Pero, ahora, hay un problema adicional y es que la madre desconoce el paradero de las osamentas que exhumó.
“Porque yo no sé ni a dónde están los restos de ella, los restos de ella no me lo han querido entregar. Fui a la Fiscalía, no me han llamado nadie para entregarme los retos de mi hija”.
Luego de oír y conocer la dramática y trágica historia del video viral, que todos vieron, se pudo comprender, aunque no justificar, las acciones tomadas por esta pobre mujer que no obtiene respuestas convincentes de las autoridades que le permitan vivir su duelo en paz.
“El día que la enterraron, me enterraron junto con ella. Yo no sé cómo yo estoy viva”, concluye.
Este caso pone de manifiesto las deficiencias en el sistema judicial y la falta de apoyo psicológico adecuado para quienes atraviesan un dolor tan grande como el de una madre que pierde a su hija en circunstancias tan oscuras.
