(EFE).- Los principales implicados en el «Vacunagate», la inoculación en secreto de la vacuna contra la covid-19 que recibieron funcionarios peruanos, como el expresidente Martín Vizcarra, sus familiares e «invitados», pueden ser condenados hasta a ocho años de prisión por delitos de corrupción en Perú.
«Sin duda alguna, estamos ante hechos delictivos», afirmó este miércoles a Efe el abogado penalista Carlos Rivera, antes de mencionar acciones tales como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios, por los que la Fiscalía peruana ya ha abierto una investigación preliminar.
Los personajes más comprometidos en este caso, agregó el jurista, son las exministras de Exteriores Elizabeth Astete y de Salud Pilar Mazzetti, así como el expresidente Vizcarra, además del médico Germán Málaga, director de los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm que se hicieron en el país.
El «Vacunagate» estalló a fines de la semana pasada con la revelación de que Vizcarra había recibido en secreto la vacuna de Sinopharm, y esta semana se publicó una lista de 487 personas que también recibieron las dosis.
«Este caso tiene que llegar a los tribunales porque el hecho ilegal es absolutamente evidente», remarcó Rivera antes de recordar que los implicados admitieron su participación, aunque aseguran que cometieron «un error», y «la evidencia de los hechos es demoledora».
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
En el caso de Astete, Rivera dijo que no solo ha sido funcionaria, sino que tuvo a su cargo las negociaciones para la compra de vacunas, por lo que podría ser acusada de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, que se sanciona hasta con ocho años de cárcel en el país.
El jurista remarcó que además de ocultar su vacunación, la exministra incumplió el código de ética de la gestión pública y vulneró la norma que estableció que el personal sanitario que lucha contra la pandemia debe ser vacunado en primer lugar.
Este mismo delito puede alcanzar a otros funcionarios de Exteriores que participaron en la negociación de las vacunas, así como a funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) si es que intervinieron o tuvieron poder de decisión en la adquisición.
SOLICITAR BENEFICIOS
Otro grupo puede ser acusado del delito de concusión, que califica el acto del funcionario público que solicita un beneficio, que puede ser o no patrimonial, y que también se sanciona con hasta ocho años de cárcel.
Además, también se puede incluir a los familiares, amigos e «invitados» que se beneficiaron de manera indebida con la vacunación y han admitido que recibieron las dosis.
Entre los implicados en este delito puede estar la exministra Mazzetti, aunque si se confirma que ella fue parte del equipo negociador sería incluida en el primer grupo «de personas en situación más agravada», acotó Rivera.
VIZCARRA: ENTRE LA CONCUSIÓN Y EL COHECHO
En el caso del expresidente Vizcarra, quien ha admitido que se vacunó junto con su esposa y su hermano mayor, aunque asegura que lo hizo como voluntario de los ensayos clínicos, Rivera sostuvo que puede ser incluido en el delito de concusión o acusado de cohecho.
«A Vizcarra me parece que no se le podría acusar de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo porque él más allá de ser presidente de la República, la propia ley de contrataciones del Estado establece que un presidente no negocia nada», acotó.
Por otra parte, para el experto, Málaga debe ser considerado «como un privado», ya que el ensayo de las vacunas estuvo a cargo de una universidad particular, pero sí puede ser incluido «en calidad de cómplice» en una acusación por corrupción de funcionarios, que contempla las mismas penas que los otros delitos.
«A pesar del rol tan protagónico que ha tenido, en un caso de corrupción de funcionarios seguramente va a ser considerado como cómplice primario, en el sentido de que su intervención ha sido decisiva para cometer ese hecho delictivo», acotó.
DESPERTAR DE UNA NOCHE NEGRA
Rivera, quien es un reconocido defensor de los derechos humanos en su país, consideró que este caso es «lamentable e indignante» y recordó «todo lo que ha vivido» su país desde la década de los años 90, con el Gobierno de Alberto Fujimori, y la posterior «reacción de Perú y del sistema de justicia», hasta llegar a otros grandes destapes de corrupción actuales, como el caso Lava Jato.
«A pesar de todo eso creo que el Perú no ha logrado corregir estos aspectos tan sustanciales de cómo manejar la cosa pública, de cómo manejar los aspectos del Estado a partir de los asuntos personales», sostuvo.
El abogado agregó que aunque en el «Vacunagate» no se habla «ni de coimas, ni de dádivas, ni de cientos de miles de dólares entregados a las autoridades» sí hay «un problema probablemente tan grave como ese, que es el beneficio indebido de las autoridades y de los amigos y de los familiares de las autoridades».
«Creo que el Perú ha tenido que despertar de una noche muy negra en la que nos damos cuenta de que casi hemos desperdiciado dos décadas completas de lucha contra la corrupción, porque esto me da la impresión de que nos hace retornar a un punto que nos dice que no hemos aprendido nada», lamentó.
