El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) divulgó un memo que aclara quiénes son los indocumentados detenidos por las autoridades migratorias que no serán liberados o seguirán sujetos a la deportación a pesar de la nueva orden anunciada por el presidente Joe Biden para una pausa de 100 días que entró en vigor este viernes.
Los tres tipos de inmigrantes que no se salvarán de las deportaciones
En la lista de los que serían removidos del país se encuentran:
1. Los migrantes que llegaron a la frontera después del 1 de noviembre del 2020.
2. Aquéllos que representan un riesgo a la seguridad pública, como los procesados por terrorismo.
3. Los convictos por delitos graves.
Las nuevas disposiciones contenidas en el documento fueron enviadas por el secretario interino del DHS, David Pekoske, el pasado miércoles a los encargados de todas las agencias migratorias pertinentes.
Las nuevas guías se enfocan en instruir a los agentes migratorios en cuanto al enfoque de los arrestos y deportaciones a raíz de la moratoria anunciada el miércoles.
De acuerdo con el informe del Centro de Estudios de Inmigración (CIS.org), en la práctica, esto significa que a partir del 1 de febrero, ICE debe liberar a extranjeros en custodia a los que no les aplica ninguna de las tres clasificaciones anteriores aún cuando tengan una orden judicial para remoción y hayan agotado todos los recursos apelativos. La moratoria incluiría indocumentados convictos por violencia doméstica, delitos sexuales, conducir bajo sustancias, robo que provocó la pérdida de menos de $10,000, y muchos otros delitos.
Por su parte, la cadena Fox reportó este viernes que oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas recibieron un correo electrónico el día anterior en el que se les pidió detener inmediatamente todas las remociones para la “medianoche de hoy”.
El reporte no hace mención a las excepciones antes señaladas.
Orden para suspender deportaciones por 100 días
Las medidas que ya empezó a tomar el DHS en conjunto con otras agencias como ICE van acorde con la orden del presidente referente a la suspensión por 100 días de las deportaciones efectiva este viernes.
A raíz de la medida de la Administración Biden, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda judicial contra el Gobierno federal por actuar de forma arbitraria al establecer la pausa de 100 días sin consultar previamente al estado.
“La acción [del gobierno] viola la constitución, las leyes migratorias federales y el convenio contractual entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés)”, señala la demanda ante el Tribunal de Distrito del Sur de Texas que cita la agencia Efe.
Paxton, que lideró e impulsó una petición para que el Tribunal Supremo de EE.UU. impidiera la certificación de la victoria presidencial de Biden en las elecciones generales, ahora exige la anulación de la moratoria.
El fiscal general tildó la acción de DHS de “caprichosa” y “mal intencionada” al “no considerar ni analizar los costos que esa acción generará” para el estado de Texas, fronterizo con México.
