Los ministros de Exteriores de la Unión Europea prolongaron este lunes por un año, hasta el 10 de enero de 2027, las sanciones impuestas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en respuesta a la crisis política e institucional generada por la imposición del modelo chavista.
La decisión fue adoptada durante una reunión celebrada en Bruselas, ante las “persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, según indicó el Consejo de la Unión Europea, que agrupa a los Estados miembros.
Las sanciones afectan actualmente a 69 personas, quienes están sujetas a la congelación de activos y a la prohibición de recibir fondos o recursos económicos, tanto de forma directa como indirecta, además, tienen vetado viajar o transitar por territorio comunitario.
El régimen de sanciones, vigente desde noviembre de 2017, incluye un embargo de armas y de equipos que podrían utilizarse para la represión interna, así como restricciones dirigidas a miembros clave del régimen de Maduro, entre ellos responsables del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia.
Según el Consejo de la UE, el objetivo de estas medidas es “apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela”, la institución subrayó que las sanciones no están diseñadas para afectar a la población venezolana ni a la economía del país. “La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades”, afirmó en un comunicado oficial.
El organismo comunitario señaló que el levantamiento de las sanciones dependerá de “progresos tangibles en materia de derechos humanos y Estado de Derecho en Venezuela, junto con pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática”.
Entre las decisiones recientes figuran la ampliación de la lista de personas sancionadas en enero de 2025 y la inclusión de Venezuela en la lista de países de alto riesgo por lavado de dinero y financiación del terrorismo, conforme a una resolución aprobada por el Parlamento Europeo durante el verano de este año.
En etapas anteriores, la UE había suspendido de forma parcial y temporal algunas sanciones contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral para promover elecciones presidenciales libres en julio de 2024. Sin embargo, tras los comicios y ante la falta de avances, el bloque comunitario endureció nuevamente su postura restrictiva.
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, declaró la semana pasada ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que “Maduro carece de legitimidad”. Añadió que la UE mantiene comunicación con representantes de la oposición venezolana y respalda los esfuerzos contra el crimen organizado transnacional, insistiendo en la necesidad de respetar el Derecho Internacional en cualquier medida adoptada.
Kallas aseguró que la situación actual en Venezuela es de “completo caos” y afirmó que “las reglas simplemente no se aplican”, al tiempo que defendió la necesidad de actuar dentro del marco legal internacional.
En el contexto internacional, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cercano a Venezuela y ha llevado a cabo en los últimos meses operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, acciones en las que han muerto más de ochenta personas.
