Por Joel Suriel.- El presidente Luis Abinader nunca escondió su descontento y la falta de confianza para con los miembros de la Cámara de Cuentas, que inició con pronunciamientos hostiles a principio de su gestión, desautorización y hoy se embarca en una amplia investigación del Ministerio Público, denominada “Operación Caracol”.
El primer hecho que evidencio la desconfianza del jefe del Estado a la Cámara de Cuentas fue que dispuso que las auditorías e inventarios de lo encontrado en cada institución, de la pasada gestión de Danilo Medina, lo hiciera la Contraloría General de la República, siendo atribución de la CCRD.
Antes de cumplir sus primeros 100 días al frente de la Administración Pública, Abinader había expresado públicamente su desconfianza al pleno de la Cámara de Cuentas.
El organismo es intervenido por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por una investigación de obstrucción a la Justicia, corrupción y lavado de activos y que sus directivos respondía a los «intereses» del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Las críticas de Abinader hacia la Cámara de Cuentas habían retumbado tanto en el organismo que su presidente, Hugo Álvarez Pérez, había prometido que renunciaría a su posición unos días después de la alocución del mandatario, aunque hasta el día de hoy no lo ha hecho, cuando le quedan poco tiempo.
En un discurso al país para ofrecer detalles sobre el anteproyecto de Presupuesto, los impuestos contemplados y otros temas, Abinader afirmó que la Cámara de Cuentas «nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública».
«Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido», había indicado el jefe del Estado quien indicó que esa fue la razón que los llevó a ordenar a la Contraloría General de la República a realizar la auditoría en todas las instituciones públicas.
«Este organismo, que tenía años sin realizar auditorías, ya envió auditores a las principales instituciones. Esta estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorias actuaremos”, afirmó.
La declaración jurada de bienes de los funcionarios salientes y entrantes al Estado dominicano fue la mecha que encendió la polémica entre la Cámara de Cuentas y Abinader.
Con apenas días en el gobierno, Abinader lanzó una dura crítica al organismo al señalar que por culpa de la ineficiencia de la Cámara de Cuentas, los funcionarios tardaban en realizar sus declaraciones juradas de bienes para avalar sus patrimonios.
La Cámara de Cuentas se vio en la obligación de posponer el plazo establecido a los funcionarios para depositar estos documentos por unas dos semanas, lo que no impidió que más de mil servidores públicos se quedaran sin declarar bienes.
«Lo que tiene que hacer el presidente de la Cámara de cuentas es hacer su trabajo y se le ha dificultado a muchos funcionarios a través de la vía digital, proceder hacer su declaración por deficiencia de la Cámara de Cuentas, como ha sido deficiente en las auditorías que tiene que hacer para la defensa del dinero del pueblo dominicano» manifestó Abinader en septiembre del 2020, cuando no tenía ni un mes en el Gobierno.
ALLANAMIENTO EN LA CÁMARA DE CUENTAS. Más de 23 fiscales del Ministerio Público y 150 policías participan en estos momentos en el allanamiento realizado a la sede de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana desde las 6:30 de la mañana y seextendió durante todo el día, en el marco de una investigación por obstrucción de la justicia y corrupción administrativa.
El operativo, encabezado por el director de la Pepca, Wilson Camacho, abarca los 10 pisos de la Cámara de Cuentas.
Se recuerda que la Pepca se encuentra investigando al pleno de la Cámara de Cuentas en el marco de una investigación por obstrucción de la justicia y corrupción.
El mes pasado, el Ministerio Público había informado que ampliaba las investigaciones, tras detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa.
Las indagatorias contra el órgano fiscalizador, que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.
