El ganador de las elecciones presidenciales en Perú tiene en su horizonte el aviso de su predecesor, Francisco Sagasti, sobre unas «reformas constitucionales apresuradas» planeadas por el Congreso saliente que «debilitarían aún más» al Ejecutivo frente al Legislativo, que ya depuso a un presidente en 2020, en medio de una crisis política sin precedentes.
Sagasti, electo diputado en unos comicios extraordinarios en 2020 tras la disolución del Legislativo, llegó a la Presidencia provisional por votación de la mayoría parlamentaria para ocupar ese cargo tras la renuncia de Manuel Merino, quien había asumido la primera magistratura después de la destitución de Martín Vizcarra, en noviembre de 2020.
El presidente saliente se refirió en varios tuits a la «controvertida legislatura», autorizada el 1 de junio en el Parlamento, que estableció un cuarto período legislativo de poco más de un mes.
Para aprobar reformas constitucionales en Perú se requieren dos legislaturas, pero al Congreso solo le queda una, por lo que admitió una extensión extraordinaria de junio a julio para aprobar en plenaria temas como la regulación de la cuestión de confianza y la vuelta a la bicameralidad, antes de que se instale el nuevo Parlamento (2021-2026), el 27 de julio.
Para volver al sistema bicameral se modificarían «65 artículos de la Constitución» y se «debilitarían aún más las potestades del Poder Ejecutivo frente al Congreso, rompiendo el equilibrio de poderes», afirma Sagasti, quien calificó como un irrespeto a la Constitución que «en pocos días se pretenda aprobar más de una docena de reformas» sin «un debate profundo y una amplia aceptación de su contenido».
Estas afirmaciones han sido cuestionadas por el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Luis Valdez, quien dijo que denunciará al mandatario saliente por detener las reformas a la Carta Magna para «petardear al primer poder del Estado», recoge RPP.
¿Qué contempla el regreso a la bicameralidad?
A pesar de que en 2018 el sistema parlamentario bicameral fue rechazado por referendo, el tema reapareció en un proyecto de ley que, según los diputados que lo presentaron en 2020, es «un reclamo constante de diversos sectores» para «mejorar» la labor legislativa, superar los «problemas de subrepresentación» (por cada 250.000 habitantes hay un congresista) y reducir la «tensión» con el Ejecutivo.
Según el texto, el Senado quedaría compuesto por 60 representantes y la Cámara de Diputados, por 130. De aprobarse, comenzaría a funcionar el 1 de enero de 2023, cuando el nuevo mandatario tenga año y medio en el cargo.
Como ya se había decidido en la consulta popular de 2018, los miembros del Parlamento no pueden ser reelegidos de forma inmediata para un nuevo periodo, en el mismo cargo.
Elección extraordinaria
Uno de los aspectos que contempla este proyecto, que ha generado escepticismo en distintos sectores, es una extensión atípica del periodo legislativo.
El diputado Valdez afirmó que esta decisión busca que los parlamentarios, que vieron sus actividades mermadas por la pandemia y la crisis política, puedan «irse con la conciencia tranquila«, sabiendo que dejan «un Estado más democrático», recoge un editorial de El Comercio.
Según el proyecto, habrá una «elección extraordinaria» de senadores para ajustarlos al sistema bicameral que se llevaría a cabo junto a las regionales y municipales de 2022. Los diputados electos bajo esta modalidad tendrían un periodo parlamentario de tres años, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 26 de julio de 2026.
Este grupo tendría que coexistir con el nuevo Congreso, caracterizado por un alto nivel de fragmentación y por poca experiencia parlamentaria previa, cuyos 130 integrantes fueron electos en los comicios generales de abril de este año.
A favor y en contra
Quienes apoyan el retorno a la bicameralidad argumentan que los parlamentarios electos en 2016 no pudieron hacer todo el trabajo prometido por la pandemia y la crisis política.
Sin embargo, no solo Sagasti se ha pronunciado al respecto, en el citado editorial de El Comercio se asevera que los representantes tenían «tiempo de sobra para trabajar» y que no haberlo hecho «no justifica que se improvise una ‘minilegislatura’ que tuerza los límites que esta impone para su reforma».
En el texto se asegura que «es difícil encontrar justificación para el apremio del actual» y que estos cambios constitucionales podrían corresponder a intereses particulares. «Sobran razones para desconfiar de las intenciones del actual Parlamento», reza el texto.
Antecedentes del sistema bicameral
El restablecimiento del sistema bicameral, vigente en Perú desde el siglo XIX hasta la Constitución de 1993, comprende la reforma de más de 60 artículos de la Constitución.
Antes de esa fecha, el país andino tuvo dos cámaras, disueltas en 1992, tras el autogolpe del expresidente Alberto Fujimori. Un año después, en la Carta Magna se estableció la unicameralidad.
Más de 20 años después se planteó la necesidad de volver a ese sistema legislativo sin que hubiera sido exitoso. En el referendo de 2018, convocado por el entonces presidente Martín Vizcarra para consultar al país sobre cuatro reformas constitucionales, se incluyó la bicameralidad.
En esa oportunidad, 90 % de los votantes la rechazó, tras una campaña del propio mandatario destituido para no apoyarla. Vizcarra consideraba que su propuesta había sido «desnaturalizada» al llegar al Legislativo porque se le impedía al presidente disolver el Congreso y convocar a nuevos comicios legislativos cuando el Parlamento negara la cuestión de confianza dos veces.
Nuevos alcances de la cuestión de confianza
La cuestión de confianza nuevamente se encuentra en el debate debido a que en mayo pasado fue aprobada por mayoría congresista una reforma constitucional sobre ese aspecto, que aún debe ser evaluada por la plenaria en la próxima legislatura, que comienza el domingo.
La cuestión de confianza es un instrumento constitucional del Ejecutivo mediante el cual el presidente del Consejo de Ministros, en nombre de todo el gabinete o un ministro particular, pide al Congreso el respaldo a una política.
En la propuesta hay modificaciones de cuatro artículos constitucionales (130, 132, 133 y 134) en los que se regula su uso, que deja de ser obligatorio, para «evitar romper un orden institucional» y garantizar «un efectivo equilibrio de poderes», ha dicho Valdez.
De ser modificada la Carta Magna, la aprobación de la cuestión de confianza quedaría bajo potestad del Congreso para así evitar su disolución, como de hecho ya ocurrió.
En septiembre de 2019, Vizcarra solicitó la cuestión de confianza al Parlamento para «cambiar las reglas de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC)». Al considerar que su propuesta fue denegada, el presidente disolvió el órgano legislativo y pidió elecciones de diputados en enero de 2020. Esto generó una crisis política institucional que hizo que el Parlamento respondiera con la suspensión temporal del mandatario por una supuesta «incapacidad temporal», de la que se libró. Sin embargo, al año siguiente el Congreso lo destituyó por «incapacidad moral», en medio de una investigación de la Fiscalía por corrupción.
Más allá de las reformas constitucionales, uno de los planteamientos bandera de Pedro Castillo es la convocatoria a un referendo para llamar a una Asamblea Constituyente. Esta iniciativa se presenta como un desafío debido a que hay controversia sobre el mecanismo que se utilizaría para convocarla, entre los que se contempla su aprobación en el Legislativo, donde su partido Perú Libre está en minoría, por lo que debería negociar con otros movimientos políticos.
