La Justicia boliviana rechazó este viernes la apelación planteada por la defensa de la expresidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus exministros contra su aprehensión que consideran que fue «ilegal», ante lo cual estas exautoridades acudirán al Tribunal Constitucional.
En una audiencia efectuada de forma telemática, la Sala Penal Primera declaró improcedente la apelación formulada por Áñez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, por lo que deberán permanecer encarcelados en La Paz.
«El equipo legal de la ex Presidenta informa que acudirá a la vía constitucional para reinvindicar sus derechos», señala un mensaje publicado en la cuenta de Áñez en Facebook y Twitter.
El pasado sábado, un juez rechazó la apelación a las medidas cautelares presentada por la defensa de Áñez y los exministros y decidió ampliar de cuatro a seis meses su detención preventiva.
La defensa de la exmandataria considera «ilegal» el mandamiento de aprehensión porque no especifica qué hizo Áñez para que se le acuse por los delitos por los que es investigada, como establecen las leyes, explicó a Efe uno de sus abogados, Ariel Coronado.
El jurista detalló una serie de mecanismos legales que seguirán para revertir la detención de la exgobernante y los exministros, incluidos unos incidentes y excepciones presentados en esta jornada, además de nuevas acciones de libertad contra las resoluciones ya tomadas en primeras instancias judiciales.
«Estamos luchando en todos los frentes para intentar revertir esta injusta privación de libertad que sufren la señora Jeanine Áñez y los exministros», indicó».
Las acciones de libertad deberán ser tramitadas primero ante un Tribunal de Garantías y luego ante el Tribunal Constitucional.
A la par, también se han promovido «medidas cautelares» ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó Coronado.
Áñez y sus dos exministros fueron detenidos hace dos semanas acusados de «sedición, terrorismo y conspiración» en el caso denominado «golpe de Estado», referido a la crisis de 2019.
Los tres están detenidos preventivamente por seis meses en cárceles de La Paz hasta que se haga la investigación.
El viernes pasado un juez ordenó el traslado de la expresidenta a una clínica debido al deterioro de su salud por problemas de hipertensión, medida que luego fue revertida a instancias del Gobierno por el mismo regulador, que pidió el cambio de cárcel, lo que se hizo efectivo el sábado en la madrugada.
