Dayana Heredia trabajaba como estilista en Ciudad Juan Bosch, en República Dominicana, antes de emprender un viaje irregular con destino a España. Según sus familiares, un grupo de dominicanos vinculado a una red de viajes irregulares que también opera en Colombia le prometió ayudarla a conseguir una mejor vida.
Viajó a Colombia, donde le proporcionaron documentos venezolanos falsos, y luego se trasladó a Venezuela.
La arrestaron el 13 de julio de 2024. Llevaba consigo sus equipos de trabajo, con los que realizaba micropigmentación de cejas y labios. La detención terminó en una condena de 21 años de prisión, luego de que las autoridades le encontraron documentos falsos y la acusaran de tener fotografías de sustancias ilícitas en su teléfono celular.
«Ella no tenía nada en su cuerpo, ni en sus pertenencias. Se basan en unas fotografías en el celular, de las que tampoco tenemos conocimiento si en realidad las tenía», relata un familiar que pidió mantener su identidad en reserva.
La familia sostiene que existen contradicciones en el proceso judicial.
Según su relato, los agentes que la arrestaron declararon durante el juicio que no encontraron sustancias ilícitas entre sus pertenencias. También le realizaron pruebas en las manos para determinar si tuvo contacto con alguna de ellas. «Todo eso salió negativo y eso lo dice el expediente acusatorio y la misma sentencia», afirma el allegado, quien considera que el caso no recibió la atención necesaria de parte del Gobierno dominicano.
Condiciones de detención
En un inicio, a Heredia la recluyeron en Santa Bárbara, en el estado venezolano de Zulia. Luego, la movieron al Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra), en el estado Mérida. Sus familiares denuncian que el traslado se produjo sin una orden que les fuera comunicada y sin notificación al abogado.
«La tienen en total hacinamiento. Nos dijeron que se armó un motín en la cárcel en que estaban y a ella y tres presas más las trasladaron», cuenta la fuente.
La familia también denuncia presuntas irregularidades en el manejo de las pruebas.
Afirman que funcionarios utilizaron el teléfono en el que dijeron que encontraron las fotografías para hacer llamadas, lo que, a su juicio, compromete la evidencia presentada contra Heredia. «Gastamos muchísimo dinero en abogados privados. Todo en dólares. Fuimos víctimas de extorsión de los mismos funcionarios», indica el pariente.
