La vida política en Bolivia mantiene un ritmo convulso y acelerado desde el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. Para poder consolidarse, el gobierno golpista y las fuerzas conservadoras bolivianas empezaron con la quema de casas y amenazas a políticos del Movimiento al Socialismo (MAS). Después vino la represión contra las protestas sociales, que terminó con las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) donde hubo decenas de muertos.
La impunidad con la que actuaron al interior de Bolivia, respaldados por la OEA de Luis Almagro y los Estados Unidos, hizo que los golpistas desconocieran tratados internacionales en temas clave, como el derecho al asilo y el concepto de soberanía, cuando las fuerzas armadas hostigaron e intimidaron a diplomáticos argentinos y mexicanos en sus propias embajadas.
Aquí casi se desata un conflicto internacional de mayor envergadura, dada la inexperiencia política y la soberbia con la que actuó la derecha boliviana en las semanas posteriores al golpe.
El rechazo del pueblo boliviano al gobierno golpista fue palpable día tras día en los meses posteriores, mostrando que éste carecía tanto de legalidad como de legitimidad.
Eso quedó plasmado en octubre cuando Luis Arce, candidato del MAS arrasó en las elecciones nacionales desde la primera vuelta por más que los medios (des)información querían pintar una competencia reñida que se iría a una segunda vuelta de pronóstico reservado.
El pasado 7 de marzo hubo elecciones subnacionales que evidenciaron la complejidad y fragmentación de la geografía política boliviana. Pero en este reacomodo de fuerzas, que reflejan más las dinámicas locales que nacionales, quedó claro que hubo una gran perdedora de este proceso electoral: la expresidenta Jeanine Áñez, quien con su estrepitoso fracaso en Beni quedó completamente a la deriva.
El pasado 7 de marzo hubo elecciones subnacionales que evidenciaron la complejidad y fragmentación de la geografía política boliviana. Pero en este reacomodo de fuerzas, quedó claro que hubo una gran perdedora: la expresidenta Jeanine Áñez, quien con su estrepitoso fracaso en Beni quedó completamente a la deriva.
En la madrugada del sábado 13 de marzo, Áñez fue detenida bajo acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración. También fueron aprehendidos los exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía, y se emitieron órdenes de captura para otros exmiembros del gobierno golpista, como Yerko Núñez; el exministro de Gobierno, Arturo Murillo y Luis Fernando López, quien ocupó la cartera de Defensa.
Los delitos de sedición y terrorismo suelen ser cargos ambiguos y difusos que se utilizan en Bolivia y otras partes para los adversarios políticos, solo hay que recordar que el propio Evo Morales fue acusado y perseguido bajo los mismos señalamientos, lo cual era absurdo.
No solo las acusaciones contra Áñez eran ambiguas, sino que lo sorpresivo de su detención después de la derrota electoral hizo pensar en lo asimétrico con el caso de Luis Fernando Camacho, representante de la ultraderecha boliviana y que venció claramente en Santa Cruz.
Camacho tuvo una participación más decisiva y protagónica en el golpe de Estado contra Evo Morales que la que tuvo Áñez, quien más bien jugó el papel de «tonto útil» cuando ya el golpe se había ejecutado. Es decir, Camacho es mucho más responsable de las acciones de noviembre de 2019 que Jeanine Áñez.
Llevar a cabo la detención de la oriunda de Beni y no del cruceño, solamente a la luz de los resultados electorales, hubiera sido, igualmente, un error político de parte del gobierno de Luis Arce..Camacho es mucho más responsable de las acciones de noviembre de 2019 que Jeanine Áñez.
Llevar a cabo la detención de la oriunda de Beni y no del cruceño, solamente a la luz de los resultados electorales, hubiera sido igualmente un error político de parte del gobierno de Luis Arce.
Al pasar los días, las imputaciones se han hecho más claras y precisas, dejando de lado las primeras especulaciones.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el gobierno boliviano planea procesar a la expresidenta de facto por emitir el decreto que permitió al uso de armas de fuego durante los disturbios de noviembre de 2019 y posteriores.
Esto fue dar luz verde a las violencias y masacres que el ejército perpetró contra la población entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, cuando los uniformados dispararon contra habitantes de las ciudades Senkata (El Alto), Sacaba, Huayllani (Cochabamba), Pedregal (La Paz), Montero (Santa Cruz) y Potosí, dejando un saldo de por lo menos 40 civiles muertos y centenares de heridos.
Ahora que las acusaciones están más definidas y que incluso los delitos están a la vista, de todos modos persisten dudas de la legalidad del proceso, lo que estaría ligado también a su éxito.
Como señala Fernando Molina, los expresidentes en Bolivia gozan de fuero legal y sus actos en el gobierno solo pueden ser juzgados por el Parlamento. Para realizar este juicio «de responsabilidades» a un expresidente, se necesita una mayoría de dos tercios, algo con lo que no cuenta el MAS en este momento, por lo que no se podría juzgar por esa vía.
Por esto, aparentemente, se decidió sobre los cargos de terrorismo y sedición. Estas acusaciones contra Áñez, igual que lo fueron contra Evo, son un recurso leguleyo cuando se le quiere imputar delitos a algún político y el caso no está bien armado.
Evidentemente, Áñez es responsable directa por las masacres en Bolivia durante su mandato, pero lo que preocupa es que el caso no transcurra conforme a derecho y esto se pueda prestar para que ella asuma una defensa política de su caso y no legal, o a que las acusaciones no prosperen debido a la forma como se están procesando.
Evidentemente, Áñez es responsable directa por las masacres en Bolivia durante su mandato, pero lo que preocupa es que el caso no transcurra conforme a derecho y esto se pueda prestar para que ella asuma una defensa política de su caso y no legal, o a que las acusaciones no prosperen debido a la forma como se están procesando.
Es común en juicios de alto impacto que el sistema judicial procese la información o haga imputaciones de manera incorrecta para armar un caso débil y que pueda ser desechado con facilidad o, en el peor de los casos, que los acusados reciban una sentencia mínima. Pasa en Bolivia, en México, en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. El ser juzgado y absuelto o cumplir una condena mínima permite decir que el caso ya estuvo con la justicia y ya hubo un veredicto, cualquiera que haya sido el resultado.
Veremos si la estrategia que utilizó el gobierno boliviano contra Áñez no le juega en contra y si el sistema judicial boliviano no termina exonerándola de estos cargos por faltas al debido proceso. Por la gravedad de los cargos penales que se le imputan a Áñez, esperemos que todo esto no caiga en simulaciones legales y políticas, que solo estarían pavimentando las narrativas futuras de la ultraderecha boliviana y de personajes como Luis Fernando Camacho, que son mucho más peligrosos que la propia Áñez.
