Las consecuencias de los actos de corrupción van mucho más allá de los daños que causan al patrimonio del Estado, a la estabilidad de sus instituciones o a la imagen del Gobierno. Abarca nuestra existencia.
Estamos ante la peor tragedia humana que la corrupción en nuestro país ha provocado. El derrumbe de una estructura del paso a desnivel de la av. 27 de febrero causó una escena dantesca, con carros aplastados y 9 muertos: un doctor, padre e hija, dos niños y una mujer embarazada están entre los muertos.
El ex presidente del CODIA Sr. Martín Concepción expresó en un programa de televisión que en aquel tiempo, para realizar un informe de la obra, solicitaron al entonces secretario de Obras Públicas, Diandino Pena, los estudios realizados para su construcción, sin embargo, nunca lo recibieron, probablemente ninguna de estas obras contaba con estudios. Señaló que la falta de estudios sobre una estructura de esta magnitud es el resultado de la improvisación.
Añadió: “Eso pasa en las obras de grado a grado donde existe la improvisación y esta fue una obra de grado a grado y la improvisación tiene esas consecuencias”.
¡Consecuencias letales!
El ex presidente del CODIA dijo que hicieron un trabajo muy completo y advertían que si no se realizaba una reforma del drenaje pluvial, las estructuras que no fuesen anilladas cederían por completo. Luego del colapso se pudo comprobar que no estaban anilladas. Tampoco se reformó el sistema pluvial.
El ex presidente del CODIA y una comitiva trataron de entregar el estudio sobre la obra al presidente Leonel Fernández pero no fue posible pues no los recibió, y lo dejaron en manos de otra persona en el Palacio Nacional. En esos momentos el gobierno se mostraba distante con el CODIA debido a las denuncias de sobrevaluación que hacían a las obras que construía el gobierno.
Concluyó diciendo que de habérsele prestado atención al estudio y recomendaciones que hizo el CODIA las muertes pudieron evitarse.
La corrupción y la falta de transparencia, en los gobiernos de Leonel Fernández fueron certificadas sistemáticamente por organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. En el año 2012 cuando Leonel Fernández abandona el poder, el índice de competitividad estaba en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas.
El presente gobierno presidido por el señor Luis Abinader ha confirmado su compromiso con la transparencia, una decisión que representa un profundo cambio político en la cultura de secreto que corrompía la administración pública. En consecuencia, esto no hubiera ocurrido. Nombrando una sola institución del Estado, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no lo hubiera dejado pasar, hubiera abierto una investigación en base a la denuncia del CODIA y actuado en consecuencia sobre los resultados. También hubiera hecho lo mismo con los casos de sobrevaluación de esta y otras obras denunciados también por el CODIA.
Como muestra de la actuación de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en las instituciones del presente gobierno, el año pasado emitió las siguientes resoluciones: 111 sobre recursos jerárquicos, 29 medidas cautelares, 5 investigaciones de oficio, 23 solicitudes de oficio, 23 solicitudes de investigación, 34 solicitudes de inhabilitación y 18 recursos de reconsideración. Cabe destacar que 12 de esas resoluciones anulan procedimientos de contratación que representan un monto de RD $3,573,067,174.89.
Más recientemente, en estos días la DGCP anuló el procedimiento de licitación del INTRANT para la instalación de unos semáforos inteligentes, por un monto de RD $1, 317,000,000.00.
Esa es la diferencia entre ese oprobioso pasado y la transparencia del presente gobierno.
