Bolivia, un país sudamericano sin salida al mar y rico en recursos, ha recibido tradicionalmente escasa atención por parte de Washington. El país, históricamente sumido en la pobreza, la corrupción y los ciclos de conflicto político, es una de las principales fuentes de coca y oro extraído ilegalmente en el hemisferio, así como un país de tránsito para ambos. Los gobiernos populistas de izquierdas del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y Luis Arce han convertido al país en un importante punto de entrada en el hemisferio para rivales extrahemisféricos de Estados Unidos como la República Popular China, Rusia e Irán.
En las últimas semanas ha surgido una lucha de poder por el control del MAS entre el actual presidente Luis Arce y el ex presidente Evo Morales. Esto tiene implicaciones para la estabilidad del país, ya que se desarrolla en el contexto de rivalidades políticas transversales, dificultades económicas y una importante economía criminal con intereses contrapuestos. Este trabajo examina el deterioro de la situación en Bolivia y sus posibles implicaciones para la región.
Dinámicas malignas que se refuerzan mutuamente
En el centro de la crisis actual de Bolivia se encuentra la naturaleza de refuerzo mutuo de la criminalidad en expansión, la corrupción endémica, el colapso económico y la lucha política.
La actual lucha política en Bolivia entre el presidente Arce y el ex presidente Morales refleja la importancia relativa cambiante de múltiples divisiones. También está alimentada por problemas e intereses económicos, e influye en ellos, incluidos los intereses contrapuestos en la economía criminal. Tras acusaciones creíbles de fraude en su candidatura para el cuarto mandato, el presidente Evo Morales fue derrocado en noviembre de 2019. Con la victoria de su ex ministro de Economía, Luis Arce, en las elecciones de octubre de 2020, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales volvió al poder. Esto allanó el camino para una batalla política entre Morales y Arce y los intereses que representan.
Durante los 17 años anteriores en los que Morales había gobernado el país y el MAS dominaba su política, la principal lucha política de Bolivia había sido entre la coalición de indígenas de Evo y otros grupos del altiplano occidental del país. Estos grupos estaban generalmente alineados con el MAS y los pueblos de piel más clara de la economía más próspera de los departamentos de la Media Luna de las tierras bajas orientales, aunque había diversidad e intereses transversales en ambos bandos. Ese conflicto, repetidamente librado por el control y la distribución de los recursos nacionales, estuvo a punto de llevar al país a la guerra civil en 2008. Según bolivianos consultados para este trabajo, élites clave de la Media Luna cedieron en esa crisis al MAS, a cambio de autonomía de facto para perseguir intereses económicos dentro de sus dominios subnacionales.
En la crisis de 2019 que forzó la dimisión de Morales, las divisiones dentro del MAS por el intento de amañar las elecciones y el cansancio por la corrupción endémica en su gobierno, combinadas con la dimisión de múltiples líderes en la línea de sucesión presidencial, pusieron temporalmente el poder en manos de las élites de la Media Luna a través del gobierno de transición de la senadora Jeanine Anez.
En opinión de muchos bolivianos, el gobierno de Anez se extralimitó en su mandato transitorio mediante investigaciones y procesamientos penales de los aliados de Morales y cambios significativos en las políticas del país. Muchos bolivianos también vieron con ojos críticos que Anez se presentara a las elecciones de octubre de 2020, rompiendo un compromiso que hizo al asumir la presidencia de transición de no hacerlo, además de dividir al centro y la derecha bolivianos. Debido a estas cuestiones, los votantes devolvieron al MAS al poder en octubre de 2020, representado en las nuevas elecciones por el tecnócrata ex ministro de Economía Luis Arce. Arce parecía más moderado que Morales, y representaba a una nueva generación de políticos reformistas como la senadora Eva Copa, que parecía más “democrática” y menos corrupta.
Casi inmediatamente después de recuperar el poder, el nuevo gobierno de Arce retribuyó las investigaciones y procesamientos de las élites del MAS llevados a cabo por el gobierno de transición. Esto significó emprender acciones penales contra la ex presidenta Anez y sus aliados. En junio de 2023, la presidenta Anez fue condenada a 10 años de prisión.
El intento de un MAS debilitado de reafirmar su control sobre los recursos y los opositores del país se materializó en una nueva ronda de luchas con los departamentos de la Media Luna. Esto incluyó importantes huelgas y bloqueos de carreteras en octubre de 2022 por el retraso del gobierno nacional, controlado por el MAS, en la realización de un censo que, según se esperaba, aumentaría el número de escaños en el Congreso y la asignación de recursos nacionales a los estados de la Media Luna. Las protestas remitieron en gran medida tras el encarcelamiento en diciembre de 2022 del gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, y el compromiso del gobierno de Arce de realizar el censo retrasado en marzo de 2024, a tiempo para influir en la asignación de escaños en el Congreso en las elecciones de 2025. Las protestas que afectan el abastecimiento de alimentos y otras actividades económicas podrían estallar de nuevo en Media Luna si el gobierno del MAS vuelve a retrasar el censo.
En 2023, mientras Arce consolidaba su base de poder con estas victorias, Evo Morales intentaba cada vez más reafirmar el control sobre el partido MAS en una lucha que enfrentaba a las redes sindicales, políticas y posiblemente criminales de Morales con el control de Arce sobre el Estado boliviano y sus instituciones y recursos. La lucha llegó a su punto álgido en septiembre de 2023, cuando Evo declaró su intención de presentarse de nuevo a la Presidencia bajo la bandera del MAS en 2025. Cuando Arce no le cedió el partido, Evo convocó una reunión irregular de leales al MAS en Cochabamba al mes siguiente. Allí, la facción pro-Evo declaró que Arce y su vicepresidente David Choquehuanca se habían “autoexpulsado” del partido por no asistir a la reunión del partido gobernante que habían convocado.
La crisis económica
La actual crisis política de Bolivia ha impedido tomar decisiones eficaces sobre la economía, que ha seguido deteriorándose, contribuyendo a movilizaciones políticas que la debilitan aún más. La huelga de otoño de 2022 por el retraso del censo afectó sustancialmente a las entregas de alimentos de los estados de Media Luna y a otras actividades económicas. La producción de gas natural, cuya exportación fue en su día la principal fuente de financiación de la política clientelar del país, ha disminuido desde 2014 debido a la mala gestión y la falta de inversión. Con la pérdida de ingresos procedentes de las exportaciones de gas, las reservas de divisas de Bolivia han caído de 15.000 millones de USD a cero después de que el país vendiera las últimas reservas de oro, lo que dificulta la capacidad de obtener dólares para las importaciones.
Para agravar estos problemas, el país se ha visto afectado por la sequía y las altas temperaturas, que han dañado la producción agrícola y provocado incendios forestales en la Amazonia boliviana. El lago Titicaca, entre otras masas de agua, ha descendido a niveles mínimos históricos. Los habitantes del barrio de El Alto, en las alturas de La Paz, sólo reciben agua esporádicamente durante el día.
Estos crecientes problemas económicos aumentan las presiones políticas de todas las partes, al tiempo que disminuyen los recursos del gobierno para gestionarlos. En octubre de 2023, el Congreso boliviano anunció que, debido a que se esperaba que el crecimiento para 2023 fuera sólo del 2,2 por ciento, no podría pagar el tradicional bono de fin de año a los trabajadores del gobierno.
Dinámica criminal boliviana
Como instituciones con arraigados lazos culturales e intereses económicos, la cocaína y la minería artesanal se han fusionado con gobiernos corruptos e ineficaces tanto de derecha como de izquierda, dando lugar a una economía criminal que penetra en el Estado y la sociedad bolivianos a todos los niveles.
Bolivia es tanto un país de origen de la cocaína como un país de tránsito de la droga producida en Perú y contrabandeada a Brasil, Argentina y Uruguay hacia los mercados de Europa. La principal organización narcotraficante transnacional de Brasil, el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), operan en Bolivia para gestionar el flujo de cocaína a través del país. Aunque las 29.000 hectáreas de coca cultivadas de las que informa la Oficina de Fiscalización de Drogas de las Naciones Unidas palidecen en comparación con las 230.000 hectáreas que se calcula que se cultivan en Colombia, la producción de Bolivia aumentó un 84% entre 2015 y 2021 antes de estancarse. Este crecimiento indica que los grupos delictivos disponen de cada vez más recursos a través de la producción de drogas. Bolivia también se ha convertido cada vez más en la sede de laboratorios donde la coca se transforma en cocaína.
Con respecto a la minería ilegal, Bolivia no sólo es un país de origen, sino que los yacimientos bolivianos se utilizan con frecuencia para blanquear oro de contrabando procedente de Perú. En 2022, el oro se convirtió en la exportación más importante de Bolivia, con 3.000 millones de dólares del metal exportado, superando los ingresos de las otras dos exportaciones principales del país, el gas y la soja.
El gobierno boliviano de Luis Arce ha llevado a cabo cada vez más operaciones delictivas en ambos sectores. En junio de 2023, operaciones gubernamentales destruyeron 27 embarcaciones de dragado ilegal en el río Madre de Dios, cerca de la frontera con Perú, lo que generó protestas de los lugareños cuyos intereses se vieron afectados. Desde 2020 se han realizado 1.804 redadas en laboratorios de drogas. En la región cocalera del Chapare, base de apoyo de Evo Morales, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del gobierno ha allanado 27 megalaboratorios sólo en 2023. Del mismo modo, en el contexto del limitado cultivo de coca regulado y permitido legalmente, la percepción de un ataque desproporcionado a la no gubernamental Asociación de Productores de Coca Alineados (ADEPCOCA) en Yungas es vista como Arce utilizando al Estado para atacar la base de su rival Evo Morales en la economía ilícita.
Implicaciones para la región
El resultado de la actual lucha política en Bolivia tendrá múltiples repercusiones en la región y en el hemisferio. A nivel local, el radicalismo de los partidarios políticamente movilizados de Evo Morales en el altiplano occidental está vinculado, para algunos, a sus connacionales del lado peruano de la frontera, en una zona que es también una importante ruta de tránsito y centro de las economías criminales de la minería y la cocaína. Tras importantes protestas en el lado peruano de la frontera en enero de 2023, el gobierno peruano de Dina Boularte prohibió la entrada de Morales en el país. A medida que se extienda la lucha Morales-Arce, la movilización política en el lado boliviano podría desestabilizar aún más la delicada situación en Perú.
En cuanto a los actores extrahemisféricos, Bolivia se ha convertido cada vez más en anfitrión de empresas con sede en China, en proyectos de carreteras, ferrocarriles, instalaciones hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructuras, así como en la minería del hierro en el departamento de Santa Cruz. Recientemente, el Gobierno de Arce se comprometió a un acuerdo de extracción y procesamiento de litio por valor de 1.400 millones de dólares con el fabricante chino de baterías CATL, otro acuerdo de 857 millones de dólares con Citic Gouan y otro de 600 millones de dólares con la rusa Uranium One. El Gobierno de MAS también está contratando a Rusia para construir un reactor nuclear de investigación. En julio de 2023, el gobierno de Arce firmó un acuerdo de seguridad con Irán, que posiblemente incluya el suministro de drones y otro material militar. Los analistas consultados para este trabajo creen que el acuerdo puede haber estado relacionado con la ruptura de relaciones diplomáticas de Bolivia con Israel en noviembre de 2023.
El desarrollo de la crisis en Bolivia afecta a la estabilidad y a la posición estratégica del país, situado literalmente en el corazón de Sudamérica. Este punto de inflexión también tiene implicaciones sobre el futuro acceso de los rivales extrahemisféricos de Washington, a saber, China, Rusia e Irán. Con crisis globales distantes y que se refuerzan mutuamente en otros lugares, los recursos y la atención de Washington son cada vez más escasos, pero Bolivia necesita al menos estar en su pantalla de radar.
