Un juzgado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada de Perú ordenó el archivo definitivo del caso por lavado de activos y organización criminal de la candidata presidencial Keiko Fujimori, un proceso que había sido anulado hace un año, según una resolución difundida por su abogada, Giuliana Loza.
La decisión fue adoptada por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional al ejecutar una sentencia previa del Tribunal Constitucional. Loza compartió la resolución en su cuenta de la red social X y afirmó que “no hubo lavado de activos ni organización criminal”.
“El proceso concluyó por carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal”, sostuvo la abogada de la líder del partido Fuerza Popular.
De acuerdo con el fallo del juez Wilson Verastegui, difundido por la prensa local, el Tribunal Constitucional determinó que los hechos imputados en el denominado “caso Cócteles” carecen de contenido penal conforme al principio de legalidad. El magistrado precisó que la modalidad de “receptación patrimonial”, incluida dentro del delito de lavado de activos, fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano el 26 de noviembre de 2016, por lo que no puede aplicarse a los presuntos aportes irregulares destinados a Fuerza Popular durante las campañas electorales de 2011 y 2016.
El juez añadió que el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas tampoco se encontraba vigente en el momento en que ocurrieron los hechos investigados.
El archivo del proceso alcanza igualmente a otros dirigentes del partido fujimorista, entre ellos Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama y José Chlimper, así como a la propia organización política Fuerza Popular.
No obstante, el juzgado decidió mantener las imputaciones por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica contra Fujimori y otros miembros del partido, motivo por el cual devolvió el requerimiento fiscal para que se emita un nuevo pronunciamiento sobre estos cargos.
La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) era investigada por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, un proceso que la exponía a una eventual condena de hasta 30 años de prisión. Sin embargo, hace un año la Corte Superior Nacional dejó sin efecto el juicio y devolvió el caso a la etapa intermedia.
Recientemente, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia favorable a Fujimori al concluir que la omisión de declarar aportes de campaña ante las autoridades de control no constituía delito en el momento de los hechos. En la actualidad, la líder de Fuerza Popular afronta su cuarta candidatura presidencial de cara a las elecciones generales previstas para abril.
Este martes también se informó que la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía de Perú suspendió por seis meses al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien estuvo a cargo de la acusación por lavado de activos contra Fujimori, por presuntas infracciones administrativas graves.
La resolución de la Autoridad Nacional de Control dispuso el apartamiento preventivo de Pérez del cargo de fiscal provincial durante ese periodo, tiempo en el que no podrá ejercer las funciones propias de su puesto en el Ministerio Público.
La medida está vinculada a las presuntas irregularidades atribuidas a Pérez como integrante del disuelto Equipo Especial Lava Jato, que investigaba los casos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht, tras la anulación del juicio contra Fujimori y decenas de militantes de Fuerza Popular en el denominado “caso Cócteles”.
