La Corte Suprema despejó el camino a los planes del presidente Donald Trump de reducir el tamaño de la fuerza laboral de la administración, a pesar de las advertencias de que se perderán servicios gubernamentales críticos y cientos de miles de empleados federales se quedarán sin empleo.
La decisión de la Corte Suprema de permitir que sigan adelante los planes del presidente Donald Trump de aplicar masivos despidos de funcionarios del gobierno federal tuvo una sola voz crítica en el alto tribunal, la jueza Ketanji Brown Jackson.
La jueza Brown Jackson emitió el único voto disidente, acusando a sus colegas de un «entusiasmo demostrado por dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una postura de emergencia».
Así se expresó la jueza sobre la decisión de la mayoría del más alto tribunal de anular órdenes de tribunales inferiores que habían congelado temporalmente los recortes liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
La corte dijo en una orden no firmada por ninguno de los magistrados que lo que tenían ante sí no era la legalidad de recortes específicos sino solo una orden ejecutiva emitida por Trump y una directiva de la administración para que las agencias emprendieran reducciones de empleos.
Después de regresar a la Casa Blanca en enero, Trump ordenó a las agencias federales que prepararan planes de reducción de personal a gran escala. Creó para ello una comisión de eficiencia gubernamental (DOGE), dirigida durante meses por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que en junio se enemistó con el presidente republicano.
En un decreto del 11 de febrero, Trump pidió una «transformación» de la burocracia federal.
Una coalición de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro ha demandado a la administración por considerar que se excedió en su autoridad al ordenar despidos masivos y reformas en las agencias sin la aprobación del Congreso.
La jueza de distrito Susan Illston suspendió temporalmente los despidos alegando que probablemente necesitan la aprobación del Congreso, bloqueo que ahora levantó el alto tribunal.
Decenas de miles de trabajadores federales han sido despedidos por Trump
Decenas de miles de trabajadores federales han sido despedidos, han dejado sus empleos a través de programas de renuncia diferida o han sido puestos bajo licencia. No hay una cifra oficial para los recortes de empleo, pero al menos 75,000 aceptaron la oferta para renunciar de forma diferida y miles de trabajadores en período de prueba fueron despedidos.
En mayo, la jueza Illston determinó que la administración de Trump necesitaba la aprobación del Congreso para hacer reducciones significativas a la fuerza laboral federal. Por una votación de 2-1, un panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito se negó a bloquear la orden de Illston, tras determinar que la reducción podría tener efectos más amplios, incluyendo en el sistema de seguridad alimentaria del país y en la atención médica para veteranos.
Illston ordenó a numerosas agencias federales detener la ejecución de la orden ejecutiva sobre la fuerza laboral firmada por el presidente en febrero y un memorando posterior emitido por DOGE y la Oficina de Gestión de Personal. Illston fue nominada por el expresidente demócrata Bill Clinton.
Los sindicatos laborales y grupos sin fines de lucro que apelaron la reducción ofrecieron a los jueces varios ejemplos de lo que sucedería si la medida entraba en vigor, incluyendo recortes del 40% al 50% en varias agencias.
Entre las agencias afectadas por la orden se encuentran los departamentos de Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos. También se aplica a la Fundación Nacional de Ciencias, la Asociación de Pequeñas Empresas, la Administración del Seguro Social y la Agencia de Protección Ambiental.
La crítica de la jueza Kentanji Brown Jackson
La decisión de la Corte Suprema se basó solamente en la valoración de si el decreto y el memorando proclamados para los recortes eran válidos.
Los magistrados no entraron a estudiar la legalidad de las reducciones de personal ni de los planes de reorganización, que seguirán siendo objeto de batallas legales.
«Los planes en sí mismos no están ante este tribunal, en esta etapa», estimó la jueza Sonia Sotomayor, una de las tres liberales de la Corte Suprema. La magistrada Ketanji Brown Jackson, también progresista, fue la única en discrepar.
«Por alguna razón, este tribunal considera apropiado intervenir ahora y soltar la bola de demolición del presidente al comienzo de este litigio», dijo Jackson.
» Bajo nuestra Constitución, el Congreso tiene el poder de establecer agencias administrativas y detallar sus funciones. Así, en el último siglo, los presidentes que han intentado reorganizar el gobierno federal primero han obtenido autorización del Congreso para hacerlo», añadió.
«Aunque los presidentes tienen cierta discreción para reducir el empleo federal, no pueden reestructurar» por su cuenta, protestó Jackson.
