SANTO DOMINGO – La reciente decisión de la jueza Fátima Veloz de no imponer prisión preventiva a los hermanos Espaillat, imputados por el desplome del techo en la discoteca Jet Set, ha generado un debate público por las relaciones familiares y profesionales que han salido a relucir tras la audiencia.
De acuerdo con información divulgada, la magistrada Fátima Veloz es hija de Manuel Ernesto Veloz Valdez, figura conocida en el ámbito empresarial dominicano por su trayectoria vinculada al Grupo Puntacana. Documentos públicos, como la declaración jurada de bienes de la magistrada, confirman la filiación directa entre ambos.
Manuel Ernesto Veloz Valdez ha ocupado posiciones dentro de organizaciones clave del sector turístico, como la Asociación de Hoteles del Este, y mantiene relaciones profesionales con el Grupo Puntacana, conglomerado que según distintas fuentes tendría nexos comerciales con Antonio Espaillat, uno de los imputados en el caso Jet Set.
Dicha relación ha encendido las alarmas en sectores de opinión pública y jurídica, que cuestionan si era apropiado que la jueza conociera una medida de coerción contra un imputado que podría estar vinculado, directa o indirectamente, con personas del entorno profesional de su familia. El tema central gira en torno a la existencia o no de un posible conflicto de interés que debió ser considerado previamente a la audiencia.
Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la Suprema Corte de Justicia han ofrecido declaraciones sobre esta situación, ni se ha confirmado si hubo alguna solicitud de inhibición o si se evaluaron los vínculos familiares y profesionales antes de que la jueza conociera el caso.
La decisión judicial permitió a los imputados seguir el proceso en libertad bajo el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. La medida ha sido criticada por diversos sectores, que consideran que el caso ameritaba una respuesta más rigurosa, dadas las dimensiones del suceso en cuestión.
La decisión judicial permitió a los imputados seguir el proceso en libertad bajo el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. La medida ha sido criticada por diversos sectores, que consideran que el caso ameritaba una respuesta más rigurosa, dadas las dimensiones del suceso en cuestión.
En medio del debate, se reitera que no se han formulado acusaciones directas de corrupción contra la magistrada. Sin embargo, persiste una inquietud sobre la transparencia, la ética judicial y el manejo adecuado de relaciones que, aunque sean indirectas, podrían afectar la percepción de imparcialidad en procesos de alto perfil.
Diversos actores del ámbito legal y social han solicitado que tanto el Ministerio Público como la Suprema Corte de Justicia aclaren públicamente si conocían estas conexiones y qué medidas, si alguna, fueron consideradas para garantizar la objetividad del proceso.
