Un juez federal ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) detener el acceso de funcionarios de inmigración a información personal de las personas inscritas en Medicaid, incluyendo direcciones y números de Seguro Social.
La medida fue tomada después de que el HHS compartiera datos personales de beneficiarios de Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en junio, sin que se informara públicamente sobre estos acuerdos. Tras la divulgación de esta política por parte de The Associated Press, 20 estados presentaron una demanda para frenar su implementación.
Nueva política de intercambio de datos
En julio, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid firmaron un acuerdo con el DHS que permitía el acceso diario a datos personales de los 79 millones de inscritos en Medicaid en todo el país. Esta información incluía números de Seguro Social y direcciones.
La orden judicial, emitida por el juez federal Vince Chhabria en California, impide temporalmente el uso de estos datos en los 20 estados demandantes, entre ellos California, Arizona, Washington y Nueva York.
Argumentos legales y efectos en el programa
Chhabria señaló en su decisión que el uso de datos de Medicaid para fines migratorios podría afectar el funcionamiento del programa, que ofrece cobertura de salud a través de financiamiento conjunto entre el gobierno federal y los estados. El juez pidió al HHS presentar una justificación formal para la política antes de continuar con el intercambio de datos.
Un portavoz del HHS no confirmó si la agencia dejará de compartir los datos con el DHS. La institución mantiene que el acuerdo es legal.
Acceso a Medicaid por parte de inmigrantes
Las leyes federales no permiten que personas sin estatus migratorio legal, así como algunos inmigrantes con presencia legal, se inscriban en Medicaid regular. Sin embargo, los estados están obligados a ofrecer Medicaid de emergencia, un servicio limitado que cubre únicamente tratamientos de emergencia para cualquier persona, incluidos quienes no son ciudadanos estadounidenses.
Reacciones ante la divulgación de información
Organizaciones que trabajan con inmigrantes han señalado que el uso de esta información podría generar preocupación entre quienes acuden a servicios médicos de emergencia. También se ha mencionado que acciones similares en el pasado han llevado a que ciertos espacios públicos, como escuelas o iglesias, sean evitados por personas con temor a operativos migratorios.
“Proteger la información de salud es importante. Las personas deben poder buscar atención médica sin temor a lo que el gobierno pueda hacer con esa información”, señaló el fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, en un comunicado.
