El juez federal William Young, del Distrito de Massachusetts, falló a favor de estudiantes extranjeros perseguidos por su apoyo a los derechos palestinos, afirmando que gozan de las mismas protecciones de libertad de expresión bajo la Primera Enmienda que los ciudadanos estadounidenses.
Young señaló que funcionarios del gobierno, incluido el Secretario de Estado Marco Rubio y la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, actuaron “deliberadamente para sofocar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”. Su fallo incluyó la respuesta a una postal amenazante que recibió de un crítico anónimo, recordando su compromiso con el deber judicial.
Crítica al gobierno de Trump
La decisión de 161 páginas incluyó un apartado de 13 páginas en el que Young criticó duramente la gestión de Trump, señalando órdenes dirigidas a universidades, medios de comunicación y bufetes de abogados que fueron impugnadas en los tribunales.
El juez afirmó que el presidente “ignora la Constitución, las leyes civiles, reglamentos y costumbres cuando actúa a su criterio” y que esto representa una amenaza para la libertad de expresión de todos los estadounidenses.
La demanda fue presentada por la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios y la Asociación de Estudios de Medio Oriente. Alegó que la administración Trump violó la Primera Enmienda mediante una política de deportación ideológica, destinada a expulsar a activistas universitarios no ciudadanos por expresar opiniones pro palestinas.
Durante el juicio, se confirmó que muchos nombres de estudiantes señalados provenían de Canary Mission, un sitio web que recopila información sobre personas con supuestos puntos de vista antiisraelíes o antisemitas.
Ejemplos de los estudiantes afectados
Entre los casos más destacados se encuentran Mahmoud Khalil, detenido tras protestas en la Universidad de Columbia, y Rümeysa Öztürk, estudiante de posgrado en la Universidad de Tufts. Jameel Jaffer, director del Knight First Amendment Institute, señaló que el fallo refuerza que “el gobierno no puede encarcelar a la gente simplemente porque no está de acuerdo con sus opiniones políticas”.
El Departamento de Justicia no comentó de inmediato, y el DHS no respondió. Por su parte, el Departamento de Estado afirmó que Estados Unidos mantiene el derecho a revocar visas de extranjeros que pongan en riesgo la seguridad nacional o inciten a la violencia.
