Un juez federal decidió que tanto Elon Musk como el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la Casa Blanca posiblemente violaron la Constitución cuando actuaron de manera unilateral para cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Theodore Chuang, juez federal de distrito, falló a favor de un grupo de dos docenas de trabajadores y contratistas actuales y anteriores de USAID, cuyas identidades no fueron dadas a conocer, que habían desafiado los esfuerzos para cerrar la agencia, que fueron organizados por el DOGE y Musk, asesor de la Casa Blanca que, de acuerdo con el presidente Donald Trump, es el líder del grupo de trabajo.
El magistrado concedió en parte su petición de una orden judicial preliminar y expresó en una decisión de 68 páginas que el DOGE y Musk probablemente violaron la Cláusula de Nombramientos de la Constitución y la separación de poderes.
Asimismo, ordenó a Musk y a los empleados del grupo de trabajo que restablecieran el acceso al correo electrónico, los pagos y otros sistemas electrónicos a todos los empleados actuales de USAID y a los contratistas de servicios personales.
Chuang impidió que el DOGE y Musk tomaran cualquier medida vinculada con el cierre de USAID, incluyendo la suspensión administrativa de trabajadores, el cese de funciones de los empleados de USAID, el cierre de sus edificios, oficinas y la eliminación del contenido de sus páginas web o colecciones.
La orden prohíbe a DOGE y Musk tomar cualquier medida relacionada con USAID sin la autorización de un funcionario de la agencia con autoridad legal para hacerlo. Es posible que el Gobierno republicano apele la decisión.
“Negar la reclamación de los demandantes en virtud de la Cláusula de Nombramientos únicamente sobre la base de que, en teoría, Musk no tiene autoridad legal formal en relación con las decisiones en cuestión, incluso si en realidad ejerce una autoridad significativa en asuntos gubernamentales, abriría la puerta a una evasión de la Cláusula de Nombramientos”, escribió Chuang.
Continuó diciendo: “Si un presidente pudiera eludir el escrutinio de la Cláusula de Nombramientos al designar asesores que excedieran el rol tradicional de los asesores de la Casa Blanca, quienes comunican la prioridad del presidente a los jefes de agencias, y en su lugar ejercieran una autoridad significativa en todo el gobierno federal para eludir a los funcionarios debidamente designados, la Cláusula de Nombramientos quedaría reducida a una mera formalidad técnica”.
Por su parte, el presidente ejecutivo del Fondo de Defensores de la Democracia Estatal, que presentó el caso en nombre de los 26 empleados y contratistas de USAID, indicó que el fallo es una “victoria importante” contra Musk y DOGE.
“Están realizando cirugías con una motosierra en lugar de un bisturí, perjudicando no solo a las personas a las que USAID sirve, sino también a la mayoría de los estadounidenses que dependen de la estabilidad de nuestro gobierno”, declaró. “Este caso marca un hito en la lucha contra la ilegalidad de Musk y DOGE”.
USAID fue una de las primeras agencias bajo la supervisión de DOGE como parte de extenso plan de Trump para reducir el tamaño del gobierno federal.
Poco después del regreso del republicano a la Casa Blanca, USAID, establecida en 1961, quedó sujeta a una suspensión de 90 días en la financiación de la asistencia exterior, lo que destruyo a las organizaciones sin fines de lucro, empresas y grupos de ayuda que recibían subvenciones y otros premios de la agencia.
Los integrantes del DOGE obtuvieron además acceso a los sistemas financieros y de personal de la agencia, y cientos de funcionarios de USAID fueron suspendidos administrativamente. Su página web fue cerrada el mes de febrero, las cuentas de correo electrónico fueron suspendidos y la sede de USAID en Washington D.C. fue ocupada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.
Los trabajadores y contratistas de servicios personales, no identificados, presentaron una demanda contra Musk y DOGE a mediados del mes pasado, alegando que las acciones de Musk violaban la Cláusula de Nombramientos de la Constitución. Este es uno de varios casos interpuestos tras la fundación de DOGE, que cuestionaron las acciones del magnate sudafricano y el acceso del grupo de trabajo a sistemas federales sensibles.
El papel de Musk en el DOGE ha provocado especial interés, incluso entre los jueces federales que supervisan los litigios judiciales vinculados con el grupo de trabajo, informó CBS News.
Aunque Trump ha asegurado públicamente que el dueño de Tesla encabeza el DOGE, incluso en su discurso conjunto ante el Congreso a inicios de marzo, los abogados de Departamento de Justicia (DOJ) han alegado que es un asesor principal del mandatario y carece de autoridad para tomar decisiones gubernamentales.
En medio de los cuestionamientos seguidos sobre quién dirigía DOGE, la Casa Blanca dijo que Amy Gleason, quien laboró para el predecesor del DOGE, en su administración interina.
A su vez, el juez dijo que Musk y el DOGE han estado detrás de las acciones de las agencias en todo el gobierno federal, incluyendo USAID.
Apuntó que el multimillonario sudafricano para haber estado implicado en el cierre de la sede de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Agregó que las pruebas demuestran que Musk y DOGE “han tomado otras medidas unilaterales sin autorización aparente de los funcionarios de la agencia”, incluyendo el despido de trabajadores del Departamento de Agricultura y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear.
“En estas circunstancias, la evidencia actual favorece la conclusión de que, contrariamente a la afirmación generalizada de los acusados de que Musk actuó únicamente como asesor, Musk tomó la decisión de cerrar la sede y el sitio web de USAID a pesar de que ‘carecía de la autoridad para tomar esa decisión‘”, escribió Chuang, citando alegatos de la administración Trump.
Respecto a USAID, el juez señaló que el expediente ante el tribunal “no respalda la conclusión” de que las decisiones de desmantelar la agencia, cerrando permanentemente su sede y la eliminando su página web, fueron tomadas por funcionarios de USAID.
“Por lo tanto, según el registro actual, las únicas personas conocidas asociadas con las decisiones de iniciar un cierre de USAID mediante el cierre permanente de su sede y la eliminación de su sitio web son Musk y los miembros del equipo de DOGE”, escribió Chuang.
La Cláusula de Nombramientos de la Constitución establece parcialmente algunos métodos para el nombramiento de funcionarios de Estados Unidos, divididos en dos categorías: funcionarios principales, nombrados por el presidente con la aprobación del Senado, y funcionarios subalternos, que generalmente no requieren la confirmación del Senado.
Los demandantes declararon que Musk desempeñaba funciones sin haber sido nombrado para ese puesto, violando la Cláusula de Nombramientos.
El juez coincidió y concluyó que, cuando hay evidencias de que Musk ejerció una autoridad significativa reservada a un funcionario mientras ocupaba un puesto gubernamental permanente, los empleados y contratistas anónimos de USAID posiblemente tendría éxito en su argumento de que pasó por alto la Cláusula de Nombramientos.
“El interés público se ve específicamente perjudicado por las acciones de los acusados, que han usurpado la autoridad de los representantes electos del público en el Congreso para tomar decisiones sobre si, cuándo y cómo eliminar una agencia del gobierno federal, y de los funcionarios de los Estados Unidos debidamente designados bajo la Constitución para ejercer la autoridad que se les ha confiado”, redactó.
Aparte de encontrar que el desmantelamiento del USAID por parte de Musk y DOGE posiblemente fue inconstitucional, Chuang halló que carecen de autorización del Congreso, para tomar medidas hacia la abolición de la agencia.
