En los últimos días del gobierno del presidente Donald Trump se implementó una regla que impedía a los inmigrantes detenidos tener acceso a un juicio justo, lo que derivaría en procesos de deportación acelerada, pero la medida fue prohibida por un juez federal.
La decisión del juez Richard Leon, de la Corte de Distrito de Washington, D.C., respondió a una demanda presentada a principios de enero por cinco organizaciones que defienden a activistas.
La regla emitida por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que es la oficina del Departamento de Justicia (DOJ) que administra los tribunales de inmigración, modificaba los procedimientos, sobre todo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), a fin de privar a los inmigrantes del acceso a una audiencia, limitar su derecho a presentar pruebas y a seleccionar un abogado.
Entre otros aspectos, la regla publicada el 16 de diciembre del 2020, reducía la capacidad de los jueces en la discreción de los casos, además que sus sentencias podrían ser revertidas fácilmente por la BIA.
“La regla general de la Administración Trump niega ilegalmente a los inmigrantes una audiencia justa en la corte e impide la capacidad de los defensores de los inmigrantes para representarlos y defenderlos”, indicaron los grupos defensores en un mensaje conjunto. “Estamos agradecidos de que nuestra demanda haya llevado a la corte a mantener la regla mientras continuamos nuestra lucha legal para dejarla de lado permanentemente”.
La coalición de demandantes está integrada por la Red Católica de Inmigración Legal Inc., los Servicios de Defensa de Brooklyn (BDS), el Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence (FIRRP), HIAS (fundada como Sociedad de Ayuda para Inmigrantes Hebreos) y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), quienes fueron representados por NIJC y Democracy Forward.
El juez Leon detuvo la implementación de la regla, aunque reconoce que está bajo revisión del gobierno del presidente Joe Biden, como parte de los procedimientos administrativos institucionales.
Sin embargo, ordena que se mantenga la regla previa, luego de que los demandantes demostraran los daños a un sistema migratorio justo.
“Han demostrado un daño probablemente irreparable sin una suspensión”, indicó el juez, al tiempo que opinó que volver a los lineamientos previos “equilibrará mejor las acciones en juego y servirá al interés público”.
El juez Leon también opinó que 30 días para presentar comentarios sobre una regla tan compleja son insuficientes.
“Probablemente sea insuficiente (el periodo) para brindar una oportunidad significativa para comentar sobre una regulación altamente técnica y compleja”, señaló.
Cómo afecta a inmigrantes
La regla, que aún podría implementarse si el EOIR persiste en tribunales, afecta de la siguiente forma a inmigrantes con procesos abiertos:
- Reduce el tiempo permitido para presentar documentación
- Complica los tiempos para que inmigrantes encuentren un abogado que los represente
- Prohíbe que la BIA considere evidencia de que los inmigrantes elegibles para protección, como asilo
- Revierte los procedimientos para determinar la salida voluntaria
- Permite a la BIA tomar decisiones sin una oportunidad para que las partes impugnen esos hechos
- Elimina la autoridad de los jueces de inmigración y de la BIA para cerrar administrativamente los procedimientos o reabrirlos bajo su autoridad
