24 de noviembre de 2024

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Jovenel Moise pide ayuda de la ONU en la lucha contra la violencia

Puerto Príncipe

El presidente de Haití, Jovenel Moise, solicitó este martes al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la colaboración del organismo en la lucha que desarrollan las fuerzas de seguridad contra la criminalidad y la violencia que sufre el país.

Así lo anunció el mandatario en su cuenta oficial de Twitter, donde publicó que hoy sostuvo una entrevista «con el SG de la ONU @antonioguterres».

«Le pedí a la ONU apoyo técnico y logístico para la PNH (Policía Nacional de Haití), con el fin de combatir el bandidaje en Haití y fortalecer el programa de reducción de la pobreza», reza el texto.

Esta petición de ayuda se produce un día después de hacer la misma solicitud al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y de anunciar una serie de medidas para luchar contra el fenómeno de violencia.

Entre las disposiciones destaca un decreto de revisión de la Ley del Estado de Emergencia que dota al Consejo Superior de la Policía Nacional (CSPN) de los medios para combatir el bandidaje y la delincuencia, y habilita a las autoridades competentes a movilizar cualquier apoyo externo necesario para el cumplimiento de su misión.

Estas peticiones de ayuda a la ONU y a la OEA se producen pocos días después de la muerte de cuatro miembros de la Policía Nacional en el distrito de Village-de-Dieu, donde también resultaron heridos ocho agentes.

Moise expresó su indignación por la muerte de los policías el viernes pasado, en un discurso pronunciado a través de redes sociales en el que calificó de héroes a los agentes y envió sus condolencias a los más de 14.000 policías que componen la institución.

Desde hace años, la zona sur de la capital se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos de Puerto Príncipe, donde las bandas operan aterrorizando a la población.

El año pasado, el Gobierno llegó a amenazar con tomar por la fuerza esa zona, pero se abortó la operación después de que organizaciones de derechos humanos alertaran del peligro que acarrearía la intervención para la población civil.