Una investigación de la ONU reveló este jueves que la represión en Irán se intensificó tras la guerra de 12 días con Israel ocurrida en junio, dejando más de 21.000 arrestos y un incremento alarmante en los abusos contra minorías étnicas, religiosas y periodistas.
Según el informe presentado por Sara Hossain, directora de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán, el deterioro de los derechos humanos en el país “se agravó notablemente desde marzo de este año”, especialmente después de los ataques aéreos israelíes sobre territorio iraní.
“La represión interna por parte de las autoridades restringió aún más el espacio cívico, socavó el debido proceso y erosionó el respeto al derecho a la vida”, declaró Hossain ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Durante el conflicto con Israel, las fuerzas iraníes detuvieron a miles de personas, incluyendo abogados, defensores de derechos humanos, periodistas y usuarios de redes sociales que publicaron contenido sobre la guerra.
“El Gobierno iraní apuntó a un amplio espectro de la sociedad civil”, denunció la funcionaria.
El informe también alertó sobre un aumento histórico de ejecuciones: más de 1.200 personas fueron ejecutadas en 2025, superando el total del año anterior y convirtiéndose en la cifra más alta desde 2015.
“Existen fuertes indicios de que el Gobierno de Irán continúa aplicando la pena de muerte de manera sistemática, en violación del derecho internacional”, afirmó Hossain.
La misión documentó una escalada de persecución contra minorías. Más de 330 kurdos y decenas de árabes iraníes fueron arrestados, mientras que cientos de miles de afganos fueron deportados del país. Los miembros de la comunidad baha’i fueron acusados de ser “espías sionistas”, víctimas de allanamientos y confiscaciones de bienes.
El control sobre los medios también se ha endurecido. Más de 45 periodistas enfrentan amenazas en siete países por informar sobre Irán, y las autoridades continúan desactivando tarjetas SIM de comunicadores para restringir la libertad de expresión.
Hossain subrayó que este patrón refleja “una respuesta recurrente del régimen iraní frente a cualquier disidencia o protesta”, recordando las violentas represiones del movimiento estudiantil de 1999 y del Movimiento Verde de 2009 tras la reelección de Mahmoud Ahmadinejad.
La Misión de Investigación de la ONU fue creada en 2022 tras la represión del movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, desencadenado por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial por supuestamente violar las leyes de modestia.
“Las medidas y políticas represivas continúan privando a mujeres y niñas de sus derechos fundamentales”, recordó Hossain, advirtiendo que el gobierno iraní no ha cumplido las recomendaciones internacionales.
El informe también evaluó los ataques aéreos israelíes sobre la prisión de Evin, donde estaban recluidos numerosos opositores y periodistas.
“Nuestra investigación preliminar indica que los bombardeos impactaron edificios civiles del complejo penitenciario que no constituían objetivos militares legítimos, y que probablemente fueron intencionales”, explicó Hossain.
La funcionaria añadió que las autoridades iraníes no habrían tomado medidas razonables para proteger a los detenidos, lo que agrava su responsabilidad en materia de derechos humanos.
En conclusión, la ONU acusa al régimen iraní de mantener un patrón estructural de represión, agravado tras su reciente conflicto con Israel, con violaciones graves al derecho internacional y una política sistemática de censura, persecución y ejecuciones.
