Puerto Príncipe, Haití
Haití descendió «al infierno» y el gobierno está omiso, denunció el lunes la Iglesia católica de la atribulada isla tras el plagio de 10 personas, incluyendo miembros del clero y franceses, cuyos secuestradores exigen un rescate de un millón de dólares.
«Desde hace algún tiempo, hemos sido testigos del descenso a los infiernos de la sociedad haitiana», dijo la Arquidiócesis de Puerto Príncipe, la capital, en un comunicado, en el que afirma que «la violencia de las bandas armadas» está adquiriendo proporciones «sin precedentes».
«Las autoridades públicas, que no hacen nada para resolver esta crisis, no son inmunes a la sospecha. Denunciamos la complacencia y la complicidad de donde venga«, añade el comunicado emitido al día siguiente del secuestro, que tuvo lugar en Croix-des-Bouquets, ciudad al noreste de la capital.
Entre los plagiados figuran siete clérigos católicos -cinco haitianos, así como una monja y un cura franceses- y tres familiares de un sacerdote que no está entre los secuestrados.
El plagio tuvo lugar cuando los religiosos se dirigían «a la instalación de un nuevo párroco», el padre Loudger Mazile, dijo a la AFP el portavoz de la Conferencia Episcopal de Haití, una excolonia francesa y el país más pobre de las Américas.
La fiscalía de París, competente para crímenes cometidos en el exterior contra ciudadanos franceses, abrió en tanto el lunes una investigación por el caso.
«Estamos negociando»
Los secuestradores exigen un rescate de un millón de dólares por el grupo.
Los cinco religiosos haitianos pertenecen a la Sociedad Sacerdotal de Santiago, con sede en Francia, confirmó este lunes a la AFP su superior general, Paul Dossous.
«Estamos tratando de rezar mientras también estamos activos. Estamos negociando. El contacto se hace, eso es importante», dijo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia anunció que activó su unidad de crisis tras el secuestro, aunque no dio más detalles «por razones de eficiencia y seguridad».
Los secuestros extorsivos han aumentado en los últimos meses en Puerto Príncipe y en el interior de Haití, que comparte la isla de la Española con República Dominicana.
Las autoridades sospechan que una banda armada activa en la zona, apodada «400 Mawozo», está detrás del secuestro, según una fuente policial.
«Llantos y temores»
La Conferencia de Religiosos de Haití (CHR) criticó la inacción del gobierno y expresó su «profundo pesar» y «enojo por la situación inhumana que el país atraviesa desde hace más de una década», aludiendo a la violencia de las pandillas y la crisis política.
«No pasa un día sin llantos y temores y, sin embargo, los llamados líderes de este país, mientras se aferran al poder, son cada vez más impotentes», agregó en un comunicado.
«Esto es demasiado. Ha llegado el momento de que cesen estos actos inhumanos», dijo por teléfono el domingo monseñor Pierre-André Dumas, obispo de Miragoâne. «La Iglesia ora y se solidariza con todas las víctimas de este acto vil», añadió.
Estado de emergencia
En marzo, el gobierno haitiano declaró el estado de emergencia por un mes en ciertos distritos de la capital y una región del interior con el fin de «restaurar la autoridad del Estado» en áreas controladas por pandillas.
La medida fue motivada por el accionar de bandas armadas que «secuestran a personas para pedir rescate, robando y saqueando bienes públicos y privados, y enfrentando abiertamente a las fuerzas de seguridad pública», según indica el decreto presidencial.
La violencia de las pandillas y la inestabilidad política han provocado recientemente protestas en las calles de la capital.
El 3 de abril, varios cientos de mujeres marcharon en Puerto Príncipe para denunciar el creciente poder de las pandillas en el territorio.
Los secuestros para obtener rescate afectan a los habitantes más ricos, pero también a la gente que vive bajo el umbral de la pobreza, que constituye la mayoría de la población.
Junto con la violencia delincuencial, Haití sufre una profunda crisis institucional.
El presidente, Jovenel Moise, estima que su mandato finalizará el 7 de febrero de 2022, mientras que para la oposición y parte de la sociedad civil concluyó el 7 de febrero pasado.
Este desacuerdo se debe al hecho de que Moise fue elegido en unos comicios anulados por fraude y reelegido un año después.
Sin un parlamento que funcione, en 2020 el país se hundió aún más en la crisis y el presidente gobierna por decreto, lo que alimenta una creciente desconfianza hacia su administración.
En este contexto, Moise decidió convocar a un referéndum constitucional para junio próximo.
