El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidirá si condena o absuelve a los implicados en la Operación Gavilán, la red criminal desmantelada por la Fiscalía que se dedicaba a borrar y adulterar registros penales de cientos de personas, incluidos sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados por violencia de género, secuestro y adulteración de bebidas alcohólicas, a cambio de sobornos.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, solicitó penas de hasta 10 años de prisión para los principales acusados y destacó que los imputados también movieron dinero ilícito a través de familiares y allegados, adquiriendo bienes y servicios con los fondos producto de la corrupción.
Entre los principales acusados se encuentran Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Dilcia Argentina Núñez Santos, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina y Luis Peña Cedeño, para quienes se solicitó 10 años de prisión y multas equivalentes a 100 salarios mínimos, además de la inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos en el caso de Peña Cedeño, debido a que anteriormente eran miembros de la Procuraduría General de la República.
Otros implicados, que llegaron a acuerdos con la Fiscalía, enfrentarían penas de prisión domiciliaria y suspensiones parciales. Entre ellos figuran Mártires Rosario Reyes, a quien se le pidieron siete años de prisión; Alfredo Mirambeaux, con ocho años; Rubén Darío Morbán, con seis años; Domingo Julio Santana, con cinco años; y Luis Alfredo Astacio Polanco, con seis años.
El expediente detalla que los miembros de la red aprovecharon su posición dentro de la Procuraduría, la Policía Nacional y la Dirección General de Migración para borrar antecedentes penales de personas procesadas o condenadas por delitos graves, incluso condenados a 30 años, y crearon un esquema sostenido a nivel nacional bajo el nombre de “La Vuelta”, que funcionaba como una empresa criminal organizada.
Entre los beneficiados con esta red figuran Joel Ambiorix Pimentel García (La J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), vinculados a la Operación Halcón IV y otros casos de crimen organizado de alto perfil. Además de los nombres mencionados, la investigación involucra a Ashley Darleni Morbán Reyes, Laudelina Esther Reyes Silva, Anthony Vicente Ferrer Monegro, Yokaira Elizabeth Carmona y la empresa Nexcom Technology, utilizada dentro del esquema económico de la red.
El Ministerio Público también solicitó la disolución definitiva de Nexcom Technology y el decomiso de todas las evidencias materiales aportadas durante el proceso, mientras que para Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva pidió la aplicación del criterio de oportunidad debido a la complejidad del caso y su vinculación con criminalidad organizada.
