El juez del circuito judicial del condado Miami Dade en Florida, Dary Trawick quien tiene el caso de la dominicana Patricia Ripley de 46 años de edad, acusada de ahogar en una laguna a su hijo autista Alejandro Ripley, en mayo 2020, ordenó que el pago a sus abogados que es de 300 mil dólares, sea obtenido del dinero de los contribuyentes del estado de Florida.
El magistrado alegó en un edicto que la dominicana ha demostrado en investigaciones financieras que es indigente económicamente, por lo que no tiene con qué pagar esa alta suma.
El periódico Miami Herald dijo que luego de conocerse la orden del juez, han salido grupos oponiéndose a la dicha orden, y asegurando que Ripley es dueña de una casa en Florida y tiene otras propiedades en la República Dominicana.
Organizaciones que luchan contra la pena de muerte que le correspondería a la señora Ripley, sostienen que expertos de dichas entidades realizaron una investigación profunda, determinando que ella está económicamente en indigencia.
La dominicana es acusada de asesinato en primer grado, lo que, de acuerdo a las leyes estatales y el código penal de Florida, la enfrentaría a la pena capital y sería ejecutada en la silla eléctrica o la cámara de gas, las dos herramientas que tiene el sistema penal de ese estado para ejecutar a los culpables.
Hasta que no se ejecute la orden del juez, Ripley todavía es responsable de pagar los 300 mil dólares que cobran sus abogados defensores privados.
El niño sufría de autismo severo y no podía hablar
Ripley sigue encarcelada a la espera de un juicio después de declararse “no culpable” cuando fue arrestada y procesada el año pasado en la corte criminal del condado Miami Dade.
Ella llamó al 911 y le dijo a la policía que dos hombres negros se llevaron a su hijo después de sacarla de una carretera en el sur de Miami.
Tras la desaparición de su hijo, se emitió una Alerta Amber para la búsqueda del niño, y su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un canal a pocos kilómetros de la zona donde dijo que había sido secuestrada con el muchacho.
Los investigadores sospecharon de ella por sus historias contradictorias sobre lo que sucedió.
Las autoridades descubrieron que, a primera hora de la noche, Ripley fue grabada por cámaras de vigilancia empujando al niño a un canal.
Cuando la policía interrogó a Ripley ella admitió haberse inventado el secuestro.
También admitió haber llevado al niño al canal donde murió y dijo que el niño muerto iba a estar “en un lugar mejor”.
