El expediente del caso Cobra establece que el imputado Santiago Hazim instauró un sistema estructurado de sobornos mediante el cual exigía pagos mensuales fijos en porcentajes de hasta un 35 % de los ingresos que recibían las empresas suplidoras del Seguro Nacional de Salud (SENASA), como condición para mantener activos sus contratos.
De acuerdo con la acusación, a mediados de octubre de 2020 se produjo una reunión en una oSenasaficina contigua al despacho de Hazim Albainy en SENASA, a solicitud del imputado Eduardo Read Estrella, representante de KHERSUM, S.R.L.. En ese encuentro, Hazim Albainy le indicó que una persona de su confianza lo contactaría posteriormente.
Días después, Read Estrella fue citado por el intermediario José Pablo Ortiz Giráldez, en una oficina cercana al Multicentro Churchill, donde le fue comunicada la exigencia directa: KHERSUM debía entregar un 35 % de todos los pagos que recibiera de SENASA como condición para conservar los contratos.
Aunque Read Estrella rechazó inicialmente la exigencia, los pagos de SENASA comenzaron a ser retrasados de manera injustificada. Tras insistentes gestiones, Hazim Albainy le confirmó de forma directa que, si quería seguir cobrando, debía “ponerse de acuerdo con el Gordo”, en referencia a Ortiz Giráldez, ratificando así que la solicitud del soborno provenía de la máxima autoridad de SENASA.
A partir de ese momento, KHERSUM, DELESTE y FARMACARD, empresas del Grupo Read, comenzaron a entregar aproximadamente un 30 % de los pagos mensuales recibidos, por exigencia directa de Hazim Albainy.
Transferencias, empresas pantalla y pagos en efectivo
El expediente detalla que entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, los sobornos fueron canalizados mediante transferencias bancarias desde KHERSUM hacia empresas vinculadas a Ortiz Giráldez, como PDSS Servicios a tu Salud, Comercializadora Netofa, Comercializadora Gabaón y Comercializadora Harif, amparadas en facturas por servicios ficticios de salud. Por esta vía se transfirieron RD$512,326,455.86.
Luego de hacerse pública la investigación del caso Calamar, desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2025, los sobornos pasaron a entregarse en efectivo, mediante retiros bancarios y entregas en fundas plásticas en la sede del Grupo Read, en el sector Arroyo Hondo Viejo, con la participación del tesorero Julián Olivero Rosado y del abogado Juan Carlos Miura Victoria.
Solo por esta segunda modalidad se movilizaron RD$1,109,010,761.29 en sobornos. En total, el Ministerio Público establece que a Hazim Albainy se le entregaron RD$1,621,337,217.15, desglosados en RD$1,166,401,310.63 por KHERSUM, RD$391,418,157.12 por DELESTE y RD$63,517,749.40 por FARMACARD.
El 30 % exigido a Nutrimed para no cerrar el programa
El expediente también documenta que un esquema similar operó con la empresa Nutrimed Marine Alvarado SRL, luego Nutri-med CAS, Nutrición & Medicina, S.R.L., representada por la imputada Cinty Acosta Sención.
Tras la rescisión unilateral del contrato el 10 de febrero de 2021, Cinty Acosta Sención fue citada nuevamente a SENASA, donde Hazim Albainy le aseguró que “no se preocupara”, ya que una persona suya la contactaría. Esa persona fue nuevamente José Pablo Ortiz Giráldez, quien le comunicó que debía entregar el 30 % del monto bruto recibido de SENASA o, de lo contrario, le cerrarían el programa de Evaluación Nutricional del Adulto Mayor.
La imputada aceptó la condición y, según el Ministerio Público, mes tras mes entregaba el 30 % de lo recibido por Nutrimed a los sobornos acordados, para poder mantener activo el contrato.
Empresas pantalla y lavado de activos
Para justificar contablemente estas operaciones, el expediente detalla que fueron utilizadas empresas pantalla como JCMV Despacho Legal, Hatom Prestadora de Servicios de Salud, Getsalud, Sibila, Azusalud, SPM, Fundación NM Rehabilitación y Mercargo, las cuales emitían facturas por servicios ficticios de telemedicina, transporte y operativos comunitarios, configurando un esquema de lavado de activos proveniente de la corrupción administrativa.
Sobornos como condición para operar en SENASA
Para el Ministerio Público, estos hallazgos demuestran que los contratos con SENASA funcionaban bajo un sistema de sobornos obligatorios, donde las empresas debían entregar entre 30 % y 35 % de sus ingresos para poder cobrar y mantener vigentes sus contratos, provocando un grave daño económico al sistema público de salud.
Estos hechos forman parte de los elementos centrales que sustentan la solicitud de medida de coerción en el caso Cobra SENASA, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en el sector salud.
