La Administración Trump ha revocado más de 175,000 visas desde su regreso a la Casa Blanca. El Departamento de Estado atribuye la mayoría de las cancelaciones a contactos con autoridades policiales, pero la cifra también incluye casos por presunto fraude, supuestas amenazas a la seguridad y expresiones políticas. El Gobierno no ha divulgado cuántas visas anuló por cada motivo ni cuántas personas fueron finalmente condenadas por delitos.
El dato fue anunciado el 10 de agosto por el Departamento de Estado, que describió las revocaciones como parte de un sistema de vigilancia continua de personas con visas estadounidenses. Según la agencia, entre los motivos figuran violaciones de las condiciones migratorias, delitos, llamados a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, fraude y riesgos para la seguridad nacional.
La dimensión de la cifra se entiende mejor al compararla con el año anterior. El propio Departamento de Estado informó que revocó unas 100,000 visas durante 2025, más del doble de las registradas en 2024. Para mediados de agosto de 2026, la cifra ya superaba las 175,000. La agencia no publicó un desglose que permita saber qué proporción respondió a delitos graves, infracciones migratorias u otras razones.
La palabra “revocación” reúne situaciones distintas. El Departamento de Estado señaló que la mayoría de los casos recientes surgieron después de contactos con las autoridades policiales. Entre las causas más frecuentes mencionó agresiones, conducir bajo los efectos del alcohol, robos y delitos relacionados con drogas. En los ejemplos publicados por el Gobierno aparecen personas arrestadas o acusadas de violación, secuestro, trata, violencia doméstica y posesión de material de abuso sexual infantil. Una acusación o un arresto, sin embargo, no equivalen por sí solos a una condena.
El resumen oficial tampoco permite saber cuántas visas fueron revocadas tras una condena, cuántas por una detención y cuántas por una evaluación administrativa. En enero, al anunciar que había revocado 100,000 visas durante 2025, el Departamento dijo que unas 8,000 correspondían a estudiantes y alrededor de 2,500 a visas especializadas de personas que habían tenido encuentros con la policía por actividad delictiva. Esas cifras aportan una parte del panorama, pero no explican la composición del total posterior de 175,000.
Una facultad amplia y una revisión limitada
La ley migratoria federal concede al secretario de Estado y a los funcionarios consulares autoridad para revocar una visa después de haberla emitido. La legislación también limita la revisión judicial de esas decisiones. Una excepción permite cuestionar la revocación en un proceso de expulsión cuando esta constituye el único fundamento para remover a la persona del país.
La consecuencia inmediata es que la visa deja de ser válida para viajar a Estados Unidos. Eso no significa, por sí solo, que todas las personas afectadas sean deportadas automáticamente. La revocación de una visa y una expulsión son medidas diferentes: la primera corresponde al Departamento de Estado; los procedimientos de remoción recaen en las autoridades migratorias del Departamento de Seguridad Nacional. El resultado para cada persona depende de su situación migratoria y de los procesos que enfrente.
El debate por las expresiones políticas
La campaña no se ha limitado a casos de presunta actividad criminal. El Departamento también informó que revocó visas a extranjeros que, según sus evaluaciones, celebraron o justificaron el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. La agencia presentó algunos comentarios como señales de apoyo a la violencia.
Otros casos han alimentado cuestionamientos sobre el uso de esa facultad frente a expresiones políticas. Rümeysa Öztürk, estudiante turca de doctorado en la Universidad Tufts, perdió su visa después de participar en un artículo de opinión que criticaba la postura de la universidad sobre la guerra en Gaza. Fue detenida por autoridades migratorias y posteriormente un juez desestimó el caso de expulsión. El Gobierno había vinculado su actuación con acusaciones de apoyo a Hamás; el caso se convirtió en uno de los más visibles del debate sobre libertad de expresión y control migratorio.
La preocupación de organizaciones defensoras de derechos y de especialistas en inmigración es que una estadística global mezcle conductas muy diferentes: desde delitos violentos hasta faltas migratorias y declaraciones públicas. Adriel D. Orozco, del American Immigration Council, cuestionó que el Departamento agrupara casos de política exterior, arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol y expresiones políticas sin ofrecer un desglose que permita evaluar las decisiones.
Otra medida, todavía distinta de las 175,000
A finales de agosto, el Departamento de Estado anunció que coordinaba con Seguridad Nacional la identificación y posible revocación de visas B-1 y B-2 de personas que entraron como visitantes por negocios o turismo y luego solicitaron asilo. La agencia no confirmó cuántas visas alcanzaría la revisión ni dijo que todas las personas identificadas serían deportadas. La cifra de hasta 200,000 apareció en documentos y estimaciones citados por Associated Press, pero corresponde a una medida aparte y no debe sumarse a las más de 175,000 revocaciones ya anunciadas.
El Gobierno sostiene que esas visas son para visitas temporales y que el sistema migratorio no debe utilizarse para permanecer en el país fuera de las condiciones autorizadas. La disputa está en cómo aplicar esa regla cuando una persona solicita asilo, un procedimiento legal que permite pedir protección en Estados Unidos. Al anunciar el plan, el Departamento dijo que actuaría de forma escalonada, pero no detalló qué ocurriría con quienes tengan solicitudes de asilo pendientes.
La cifra de 175,000 confirma una expansión de las revocaciones y una estrategia de control migratorio más intensa. No demuestra, por sí sola, que todas las personas señaladas hayan cometido delitos ni permite medir cuántas decisiones fueron revisadas o revertidas. La falta de un desglose público deja una pregunta central sin respuesta: cuántos casos corresponden a amenazas concretas y cuántos a otras infracciones o decisiones administrativas.
La llamada “guerra de las visas” no es secreta en el sentido estricto: el Departamento de Estado ha anunciado sus cifras y su política. Lo que permanece poco visible es cómo se distribuyen los casos, qué pruebas respaldan cada revocación y qué oportunidades reales tienen las personas afectadas para impugnar una decisión que puede cerrarles la puerta de entrada a Estados Unidos.
