La administración Trump lanzó este domingo una ofensiva de control de inmigración a nivel nacional que incluyó a varias agencias federales y derivó en el arresto de casi 1.000 personas, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Las detenciones son parte de un esfuerzo por consolidar un aparato de control más grande que involucre a una serie de agencias federales a las que se les ha otorgado una mayor autoridad migratoria bajo la administración Trump.
El domingo, los agentes del ICE se unieron a funcionarios de varias agencias del Departamento de Justicia para atacar lo que, según ellos, constituyen amenazas a la seguridad pública y nacional. Se espera que la operación continúe esta semana.
El “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo que había sido “un buen día” respecto a las acciones de cumplimiento del domingo en Chicago y que constituyen un “punto de inflexión” en una entrevista con CNN.
“El presidente Trump ha puesto a todo el Gobierno a trabajar en este asunto”, dijo. El domingo, al ICE se sumaron agencias como el FBI; la Administración de Control de Drogas; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
“Hoy tuvimos a todas las fuerzas de seguridad del gobierno concentradas en la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional en Chicago”, dijo Homan.
Homan, que se encontraba en Chicago, sostuvo que se trató de una “operación criminal”. El vicesecretario de Justicia, Emil Bove, también estuvo en Chicago el domingo para observar las operaciones de control de inmigración.
A nivel nacional, 956 personas fueron arrestadas y “se presentaron 554 órdenes de detención” el domingo, dijo ICE en una publicación en X, lo que marca el total más alto desde que la agencia comenzó a informarlos en la plataforma.
Además de las “operaciones focalizadas” anunciadas por ICE en Chicago, también se informaron acciones de control de inmigración en el área de Atlanta, Puerto Rico; Colorado, Los Ángeles y Austin, en Texas.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo que la Policía de la ciudad no participó en la operación y agregó que su equipo estaba trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de la ciudad. También, instó a los residentes a “conocer sus derechos constitucionales”.
Los Gobiernos anteriores, incluida la administración Biden, también buscaron amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional al llevar a cabo operaciones de control de la inmigración.
Tom Homan ha argumentado que las directrices del expresidente Joe Biden establecieron obstáculos para los agentes que atacaban a los delincuentes, mientras que los exfuncionarios de Biden sostuvieron que esas directrices establecían un enfoque claro.
Se espera que la aplicación de la ley en el interior del país se intensifique a medida que los funcionarios intentan llevar a cabo la promesa de deportación del presidente. Se ha ordenado a las oficinas locales del ICE que cumplan con una cuota de 75 arrestos por día, según dos fuentes, lo que allana el camino para superar la cantidad de arrestos diarios del año pasado.
En el último año fiscal, las Operaciones de Detención y Deportación del ICE realizaron 113.431 detenciones administrativas, según un informe de la agencia, lo que equivale a unos 310 arrestos por día en todas las oficinas de campo.
Cuando se le preguntó, Homan dijo que no impuso una cuota a los oficiales de ICE: “Mi objetivo es arrestar tantas amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional como sea posible y avanzar hacia las otras prioridades”.
“Estamos priorizando a los extranjeros delincuentes”, dijo Homan. “Llegará un momento en el que tendremos que abrir la puerta a los fugitivos”.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, le dijo el domingo a Dana Bash de CNN que también quiere que los criminales violentos salgan del país, pero expresó su preocupación sobre cómo la administración está llevando a cabo las operaciones.
“Si son ellos (los delincuentes) a los que están deteniendo, estamos totalmente a favor”, dijo Pritzker. Pero, el gobernador demócrata dijo “van a perseguir a personas que respetan la ley, que tienen un trabajo, que tienen familia aquí, que pueden haber estado aquí durante una o dos décadas”.
Como parte del enfoque de inmigración de la administración Trump, se les ha dicho a las agencias federales del orden público que prioricen la deportación de una amplia gama de sospechosos criminales bajo investigación que pueden estar “fuera de estatus”, dijo a CNN una fuente policial familiarizada con las últimas operaciones.
Se les ha dicho a los investigadores, según la fuente, que evalúen la posibilidad de deportar a un sospechoso que se encuentra en el país de forma irregular y que está siendo investigado por agencias como el FBI, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y la DEA, incluso cuando sea probable que no se presente una acusación formal por delitos penales relacionados con la inmigración en el corto plazo. La fuente dijo que se les ha dicho a los investigadores que consideren “simplemente sacarlos”.
Es claro que se aplica una nueva postura porque los delitos investigados por las agencias policiales federales suelen tardar semanas o incluso varios meses en ser probados y procesados.
Antes de asumir el cargo, dijo la fuente, los funcionarios de transición de Trump estaban preguntando a las agencias policiales sobre cuántas de sus investigaciones involucraban a ciudadanos no estadounidenses.
El Departamento de Policía de Chicago dijo en un comunicado a CNN que no documenta el estatus migratorio y, de acuerdo con su “ordenanza municipal de acogida”, “no comparte información con las autoridades federales de inmigración”.
“No intervendremos ni interferiremos con ninguna otra agencia gubernamental que realice sus funciones”, se lee en el comunicado.
