Miles de personas salieron a las calles este jueves en Francia en una “jornada negra” de protestas convocadas por los sindicatos contra los recortes sociales previstos en el presupuesto de 2026 y contra la política fiscal del presidente Emmanuel Macron.
Las autoridades prevén hasta 900.000 manifestantes, cinco veces más que en las protestas del 10 de septiembre, con una movilización comparable a la de 2023 contra la reforma de las pensiones; el paro afectó al transporte ferroviario y urbano, a muchas escuelas y al cierre masivo de farmacias. Desde primera hora, el llamado a la huelga se hizo sentir en todo el país.
“Estamos hartos de que nos cobren impuestos a mansalva” y de tener “dificultades para llegar a fin de mes” desde “el día 15”, denunció Samuel Gaillard, sindicalista de la CGT en Villeneuve-d’Ascq, en el norte de Francia.
Como en la protesta del 10 de septiembre, organizada en redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo”, el gobierno desplegó 80.000 policías y gendarmes para evitar bloqueos. “Seremos intransigentes”, advirtió el ministro del Interior, Bruno Retailleu, al estimar que entre 5.000 y 8.000 “individuos peligrosos” podrían “causar desórdenes”. Según la policía, unas 8.000 personas participaron en bloqueos de autobuses, carreteras y liceos en las primeras horas, con más de 50 detenidos.
El origen de la movilización está en el plan presupuestario de 2026 presentado por el exprimer ministro François Bayrou, que contemplaba recortes por 44.000 millones de euros y la supresión de dos días feriados. Aunque el Parlamento rechazó el proyecto y su sucesor, Sébastien Lecornu, anunció que los feriados se mantendrán, los sindicatos no detuvieron las protestas. “El presupuesto se decidirá en las calles”, advirtió la líder de la CGT, Sophie Binet.
Los sindicatos exigen la eliminación de los recortes, la derogación de la reforma de las pensiones de 2023, mayor justicia fiscal y más recursos para los servicios públicos. Una encuesta de Elabe reveló que el 56% de los franceses apoya la movilización.
El descontento fiscal y social ha marcado la presidencia de Macron desde las protestas de los “chalecos amarillos” (2018-2019). En 2023, más de un millón de personas marcharon contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años, aprobado por decreto pese al rechazo popular y sindical.
Las nuevas marchas suman también el reclamo de la “tasa Zucman”, un impuesto del 2% a patrimonios superiores a 100 millones de euros. Aunque Lecornu rechazó la propuesta, afirmó estar “dispuesto” a debatir medidas de justicia fiscal. En minoría parlamentaria, sigue negociando un plan presupuestario para 2026 que evite un nuevo fracaso político.
La presión es creciente: el presupuesto debe presentarse en octubre, mientras el déficit alcanza el 5,8% del PIB y la deuda pública el 114%. La agencia Fitch degradó la calificación de la deuda soberana francesa a “A+” con perspectiva estable, citando la inestabilidad política y la incertidumbre fiscal.
