La Fiscalía de La Vega solicitó este martes el auto de apertura a juicio en contra de los López Pilarte, imputados de integrar una presunta red sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Por el hecho son acusados Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y sus hijos Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte.
Además, están imputados Ada María Pilarte y José Antonio Román, así como las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.
En la supuesta red también está involucrada la esposa de López Florencio, Rosa Amalia Pilarte, quien es diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Sin embargo, no fue incluida en esa acusación, debido a que por su condición de legisladora le corresponde una jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con la acusación, empresas son de fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, informó que la acusación contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para destruir la presunción de la inocencia de las cinco personas físicas y cuatro personas jurídicas acusadas.
En el proceso de investigación, se realizaron ocho incautaciones a 17 propiedades de lujo, valoradas en miles de millones de pesos, en el Distrito Nacional y las provincias La Vega, Puerto Plata, Espaillat y La Romana.
En mayo pasado, cuando habló sobre su relación comercial con el diputado Miguel Gutiérrez Díaz, el empresario manifestó sobre la acusación actual de lavado de activos, presuntamente, producto del narcotráfico, que nunca ha sido “lavador ni narcotraficante. “Yo tengo todas las experticias de mis cuentas”, dijo.
Agregó que todas sus empresas están fuera de la acción penal. La Oficina de Atención Permanente de La Vega le dictó tres meses de prisión preventiva, garantía económica y un brazalete electrónico en julio del 2020.
La medida fue variada a prisión domiciliaria en diciembre, según el imputado, porque el Ministerio Público no tenía una investigación y pidió una prórroga de dos meses. Añadió que debido a esto, la ley “le da para fuera” al acusado.
