La fiscal departamental de Tarija, Bolivia, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles que fue destituida de su cargo por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, luego de emitir una orden de aprehensión contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019) en el marco de una investigación por presuntos delitos de trata y tráfico de personas.
“Para mí esto es una persecución y lo denuncio públicamente, también (hago) una denuncia ante la comunidad internacional de cómo el fiscal Juan Lanchipa Ponce, quien juró defender las normas y a la sociedad, cuando se trata del ex mandatario Juan Evo Morales Ayma, donde existe un delito de lesa humanidad, que es de trata y tráfico, ha venido a impedir, a deshacer esta conformación y parar todas las investigaciones que estamos llevando adelante”, declaró.
“Habiendo un montón de directrices que nosotros teníamos, teníamos un mandamiento de aprehensión contra Juan Evo Morales Ayma, teníamos (órdenes de) aprehensión también hacia otras personas. Lo han dejado sin efecto”, agregó Gutiérrez.
La fiscal relató que al llegar a la sede del Ministerio Público fue notificada con una resolución que ordenaba su renuncia inmediata, y poco después, los dos fiscales que colaboraban en el caso también recibieron “memorándums de agradecimiento”.
“Me dicen que en 20 minutos me llama el fiscal general, (que) en 20 minutos presente mi renuncia”, dijo.
La abogada, que fue ministra de Justicia en la gestión presidencial de Morales en 2014, explicó que desconocen “cómo se ha filtrado” la orden de captura “porque no se ha entregado a nadie”.
“Sin embargo, faltando una hora (para que se ejecute), se nos notifica con la acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá (en Tarija), para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Juan Evo Morales”, sostuvo.
La acción de libertad fue presentada en Santa Cruz solamente contra los dos fiscales que fueron echados en esta jornada y se excluyó a una tercera funcionaria, denunció Gutiérrez.
El caso por el que se investiga a Morales es por el supuesto delito de “trata y tráfico de personas” y “habría ocurrido” cuando la supuesta víctima “tenía 15 años” en una provincia de Tarija.
Gutiérrez señaló que “los antecedentes vienen de un informe de inteligencia” y denunció que supuestamente hay “órdenes específicas” de Lanchipa “de no hacer absolutamente nada” sobre este caso.
”Yo no puedo dejar. Cómo va a creer entonces la sociedad, las víctimas, cómo van a acudir ante el Ministerio Público, sea del departamento que sea, si va a haber esa intromisión”, cuestionó.
También señaló que analizará la posibilidad de presentar una denuncia internacional “porque el delito de trata y tráfico es un delito de lesa humanidad”.
El caso surge en medio de la pelea interna en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) entre las facciones afines a Morales y al presidente del país, Luis Arce, por el control del partido, la forma de administración del Estado y la candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025.
