SAN JUAN.- Las autoridades federales investigan redes de tráfico de personas que operan desde República Dominicana hacia Puerto Rico, tras el naufragio de una yola ocurrido la semana pasada cerca de Isla de Mona, que dejó tres muertos y 12 desaparecidos.
De acuerdo con El Nuevo Día, el fiscal jefe interino de la Fiscalía federal en San Juan, Héctor Ramírez Carbó, anunció la ampliación de la investigación al confirmar la radicación de cargos contra tres personas vinculadas al caso.
Ramírez Carbó indicó que la pesquisa contará con recursos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y que el objetivo es ir más allá de quienes operaban la embarcación.
El fiscal afirmó que buscan llevar ante la justicia a toda persona que haya planificado, financiado, se haya lucrado o participado en el cruce ilegal que terminó en tragedia.
También señaló que las autoridades federales coordinan con organismos dominicanos para identificar a quienes organizan estas travesías desde República Dominicana hacia Puerto Rico.
Durante una conferencia de prensa reseñada por el periódico puertorriqueño, el funcionario evitó precisar qué personas o estructuras están bajo investigación. Sin embargo, indicó que además de mantener comunicación con las autoridades dominicanas, también rastrean posibles enlaces en Puerto Rico.
Ramírez Carbó sostuvo que existen cientos de viajes organizados por traficantes de personas, aunque muchos no logran salir de aguas dominicanas y ya han dejado víctimas mortales.
Según explicó, además del traslado de extranjeros sin autorización del gobierno federal, algunas embarcaciones también son utilizadas para transportar sustancias controladas.
El fiscal agregó que si durante las investigaciones se detectan elementos de trata humana, venta de menores u otros delitos similares, esas líneas también serán investigadas.
El funcionario reconoció que hay redes dedicadas a organizar estos viajes clandestinos, aunque evitó ofrecer detalles sobre sus identidades o el avance de las pesquisas en República Dominicana.
También admitió las limitaciones de las autoridades para interceptar todos los viajes ilegales que llegan a Puerto Rico.
