Santo Domingo.- La familia que construía una edificación ilegal y que fue demolida porque se encontraba en la franja de protección del río Maimón, según el Ministerio de Medio Ambiente, denunció que esta institución procedió sin la orden de un juez y sin previo aviso.
“No sé si en este país la justicia es solo un privilegio inalcanzable. Me hace pensar así debido a que el Ministerio de Medio Ambiente ejecutó una demolición mediante un procedimiento profundamente irregular: sin preaviso, sin permitirnos defensa y sin presentar una orden judicial”, denunció la familia a través de una carta.
Se recuerda que durante este fin de semana los organismos ambientales han ejecutado una serie de intervenciones donde algunas infraestructuras fueron demolidas y otras puestas a disposición mediante acuerdos y seguimientos para evaluación técnicas.
Medio Ambiente demuele edificaciones ilegales.-
Más abajo la carta íntegra…
Desde el pasado miércoles 26 de agosto, mi abuela de 95 años no puede cerrar los ojos. Ese día vio caer, piedra por piedra, la casa que mi madre construyó con el sudor de toda su vida para que ella descansara. Desde entonces, la paz abandonó nuestro hogar.
Familia envía carta a Medio Ambiente tras demolición de infraestructura.-
No sé si en este país la justicia es solo un privilegio inalcanzable. Me hace pensar así debido a que el Ministerio de Medio Ambiente ejecutó una demolición mediante un procedimiento profundamente irregular: sin preaviso, sin permitirnos defensa y sin presentar una orden judicial. Destruyeron el sacrificio de décadas.
El pretexto técnico fue una supuesta diferencia de tres metros respecto a la normativa de elevación sobre el río, una variación menor que no ponía en riesgo la seguridad ni el entorno. En lugar de orientar, permitir la adecuación o respetar el debido proceso, la respuesta del Estado fue el aplastamiento inmediato.Mis padres, quienes llevaron su mano al fuego noche tras noche trabajando y vendiendo chimi para poder regalarnos un futuro digno, vieron cómo el Estado fue cómplice de un acto cobarde que responde a intereses de particulares.
Resulta indignante la doble moral institucional: mientras la denuncia que interpusimos contra terceros por intervenir directamente el río y pavimentar un badén fue ignorada por las autoridades, el despliegue para destruir la casa de mi familia actuó con una rapidez feroz. Llevamos años denunciando el acoso y las presiones sobre nuestros terrenos. Por eso, exigimos a la Procuraduría General de la República que abra una investigación exhaustiva, determine responsabilidades e investigue los intereses particulares detrás de este despojo.
Hoy fuimos nosotros. Mañana, bajo este precedente de indefensión, será cualquier otra familia dominicana. Exigimos respuestas y justicia.
